El conflicto en la frontera entre Panamá y Costa Rica, que empezó el pasado sábado 24 de agosto, tiene tres trincheras visibles: los transportistas panameños, los costarricenses y, en el medio de ellos, el resto de los centroamericanos, que al entrar el día 28 de agosto en su quinto día sin poder moverse hacia sus países de destino comienzan a exaltarse y a exigir que los dejen irse a trabajar.
Al menos 400 camiones del lado panameño y otra cantidad igual del lado de Costa Rica y dentro de algunos de ellos mercancía seca valorada en cientos de miles de dólares o alimentos, como un contenedor cargado de carne que tienen que mantener con el motor encendido para que no se pierda la refrigeración y se dañe el producto.
“No apoyamos a los transportistas de Costa Rica ni a los de Panamá. No nos hemos ido porque no nos dejan pasar. Tenemos cuatro días aquí y ya no tenemos dinero para comer”, afirman casi al unísono Carlos Rendero, de El Salvador; Pastor Cortez, de Nicaragua; Edgar Muñoz y Juan Pérez, de Guatemala, cuatro de varias decenas de centroamericanos que aguardan por el momento en que puedan culminar sus viajes y cobrar su dinero.
Temor
La situación se ha complicado tanto que panameños y centroamericanos temen que empiece la confrontación entre ellos mismos, a pesar de que de un lado y del otro reconocen que la solución de sus problemas está en que las autoridades se pongan de acuerdo sobre las reglas a aplicar.
Por el lado de los centroamericanos (hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses) que, por cierto, dicen no tener problemas con la policía local, se quejan de que entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m. ellos no pueden salir de Panamá porque en la oficina de Aduana panameña no hay funcionario que revise sus papeles o no está el policía de narcóticos que verifique su carga, algo que, alegan, no sucede en las fronteras de ningún otro país, que están abiertas las 24 horas.
Esta situación, tampoco afecta a los de Panamá y Costa Rica. Por ello, sienten que son los que peor parados quedan cada vez que se paraliza el tráfico en la frontera. “Ellos están aquí cerca, nosotros a miles de kilómetros de nuestros países”, sostuvo Edgar Muñoz, de Guatemala, quien reitera que ya no tienen dinero para comer.
Persecución
Los costarricenses, causantes de la paralización y representados por Juan Carlos Segura, aseguran que hay hostigamiento y persecución por parte de los agentes del Servicio Nacional de Fronteras que custodian el área, los cuales los detienen para verificar si aparecen en Interpol, o para multarlos por tener llantas lisas, esto a poco más de 300 metros del puesto de Aduana que acaban de cruzar, haciendo que demoren dos y tres horas más en Paso Canoas.
Los panameños, por su parte, se quejan de que no tienen seguridad para ellos ni para su carga durante su tránsito por Costa Rica, uno de los acuerdos pactados hace cinco meses y que no se ha hecho realidad, y que no existe reciprocidad en el trato que reciben de las autoridades de tránsito costarricense, que les hacen pagar un seguro de colisión y cuando se han chocado, de igual manera les paran sus camiones a la espera de un juicio que puede tardar meses o años, incluso, cuando la persona que chocaron se ha declarado culpable del accidente, o les cobran miles de dólares por una reparaciones en el taller.
En medio de esta situación también hay una pugna gremial entre la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canatraca), reconocida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y el Sindicato de Camioneros de Chiriquí.
De los primeros no había nadie en la frontera. Sin embargo, del Sindicato había al menos dos docenas de transportistas embravecidos porque no han sido consultados por las autoridades acerca de la situación. El Sindicato alega que Manuel Mora, de Canatraca, no representa sus intereses y la prueba es que no se ha aparecido por la frontera.
Reciprocidad
Guillermo Araúz es miembro del Sindicato de Camioneros de Chiriquí y lideraba el grupo de transportistas.
Ellos aseguran que el problema de fondo, desde la época en que gobernó Guillermo Endara Galimany (1990-1994), es que los costarricenses quieren transportar la mercancía que está en la Zona Libre, algo que no puede darse porque ese es el único lugar donde cargan los transportistas panameños, y que la solución es que el Gobierno de Panamá establezca en la ley aduanera una protección para los nacionales, como existe en el resto de la región.
“Miles de transportistas quieren entrar a la Zona Libre y llevarse esas cargas... y si eso sucede, nosotros y nuestras familias vamos a ser una carga para el Estado y eso es lo que no queremos”, señaló Araúz, quien remarcó que no le están pidiendo al Estado que les rebajen una llanta o un galón de combustible ni que les den los repuestos más baratos.
“Lo único que le estamos pidiendo es que sean recíprocos, que nos dejen trabajar, porque ese dinero que estamos perdiendo es el que nos da sustento”, añadió el vocero del grupo.
Diplomacia
Sobre la situación en la frontera, el canciller Fernando Núñez Fábrega señaló que “la parte diplomática ya la hemos manejado. Yo creo que el ministro [José Raúl] Mulino va a hablar en algún momento sobre este tema”.
Deyanira Ramírez, encargada de Negocios de la Embajada de Costa Rica en Panamá, manifestó que Costa Rica reiteró su apego al ordenamiento jurídico y que incluso propondría modificaciones para que sean remitidas a la Asamblea, a fin de garantizar el tránsito dinámico de las personas y los vehículos en la frontera.
Fuente: Prensa, Panamá
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