Las asociaciones de marinos aseguraron que resulta improcedente la ejecución de esta reforma, ya que la Constitución de la República no avala la participación de la milicia en sectores comerciales que no pertenecen al ámbito de su interés.
Organizaciones de marinos, pilotos, armadores, oficiales de buques e industria pesquera, firmaron un pliego conjunto dirigido al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como a los dirigentes de las diversas bancadas legislativas del Congreso en donde argumentaron 10 puntos, sobre esta medida que afectarían al sector.
En primer lugar, apuntan que los argumentos de la iniciativa para "asumir el pleno control de los puertos” con el fin de "inhibir el uso por parte de las organizaciones delictivas”, son falsos, ya que no corresponde a las Capitanías de Puerto realizar actos de combate a la delincuencia.
Busca confundir, sostiene, el concepto de "seguridad marítima” que utiliza la Organización Marítima Internacional (OMI), con el de "seguridad nacional”, debido a que la primera se refiere únicamente a las medidas que se deben adoptar en el diseño, construcción y operación de las embarcaciones para proteger la vida de los pasajeros, tripulantes y las cargas, lo cual es improcedente para la Secretaría de Marina.
Tampoco existen modificaciones a los Convenios Solas/74 y Marpol 73/78 que justifiquen una reforma de ley, ni el hecho de que el Estado tenga que adecuar su legislación marítima para dejar las actividades portuarias al servicio militar.
Asimismo, la transferencia de atribuciones a la armada respecto de las que se preservan para la SCT, principalmente en el ámbito internacional, son confusas y duplicarían labores que, en lugar de favorecer, serían disfuncionales en la práctica.
La iniciativa es inconstitucional debido a que transfiere acciones totalmente ajenas a la armada, tal como lo expresa el Artículo 129 de la Constitución Mexicana: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Implicaría un retroceso de 40 años en la evolución de las instituciones civiles en México, al imponer una estructura administrativa encabezada por mandos militares que existió hasta 1976, la cual resultó ser ineficiente y, por ende, las operaciones marítimas comenzaron a ser dirigidas por el sector civil.
La pretendida reforma además "es contraria al régimen civilista de nuestro país", ya que el control de la marina le corresponde al ámbito civil y comercial, de lo contrario implicaría una grave y negativa afectación al régimen democrático en México, así como un marcado decrecimiento de las actividades del sector.
Excepciones en el mundo
De los 165 países miembros de la OMI, sólo 12 -como secuela de las dictaduras militares-, dependen de las fuerzas armadas: Corea del Norte, Chile, República Dominicana, Perú, Honduras, entre otros; un claro ejemplo de la inexistencia de leyes en el contexto mundial que obliguen a transferir la dirección marítima a la milicia.
De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo en Chile, la autoridad marítima está subordinada a las fuerzas armadas.
La iniciativa resulta innecesaria porque la milicia ya cuenta con funciones para fortalecer la seguridad marítima y portuaria, conforme a la Ley de Puertos, a través del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR).
Un "grupo de coordinación interinstitucional" entre la Armada y la SCT, en cuyo caso el Capitán de Puerto queda subordinado al Mando Naval de cada jurisdicción donde se establezca un CUMAR.
Además, existen las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP) con la misión de vigilar, inspeccionar y controlar en funciones de policía marítima, que dependen de los Mandos de las Regiones, Zonas y Sectores Navales.
Por otro parte, se creó la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, que partir de 2015 es presidida por el Secretario de Marina, con el propósito de coordinar a todas las dependencias en la instrumentación de políticas para dicho fin.
Son las Capitanías de Puerto las encargadas de buscar soluciones creativas que resuelvan las problemáticas diarias en cuanto a operación, arribo y zarpe de buques en puertos.
A pesar de que para enfrentar la seguridad en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se ejecutó la operación "Control-, con Almirantes a cargo de ambas Capitanías de Puerto y Administraciones Portuarias Integrales (APIS), en la vía de los hechos, esta medida no ha rendido frutos.
De acuerdo con la Marina Mercante de la SCT, el movimiento de carga entre 2014-2015 decreció en Manzanillo 1,7%, y en LC 6,2%, mientras que en Altamira aumentó 4,2% y en Veracruz 9,2%.
Fuente: Info-Transportes, México
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