Por unanimidad (11 votos) la Comisión de Evaluación Ambiental (antes Corema) de Magallanes aprobó el proyecto minero de carbón que los grupos Angelini (Copec) y Von Appen (Ultraterra) impulsan en esa zona, a través de la empresa Minera Isla Riesco.
Así se da luz verde a la primera de las cinco fases de este proyecto, la cual involucra una inversión de US$ 500 millones.
Una vez en operaciones -lo que se prevé demorará 24 meses-, la primera fase del proyecto, llamada Mina Invierno, se convertirá en la mayor operación de la minería del carbón, al alcanzar una producción anual entre 4 y 5 millones de toneladas. Con esto queda atrás la operación que a inicios de la década de los 80, y en esa misma región, desarrolló la Compañía de Carbones de Magallanes (Cocar), que en esa época llegó a extraer del orden del millón de toneladas anuales del mineral. Esta faena fue la última de gran tamaño que se inició en el país y llegó a superar los volúmenes que hasta mediados de la década del 90 se obtuvieron en los yacimientos carboníferos de la Región del Biobío.
En medio del rechazo de grupos ambientalistas, el Gobierno ha destacado esta iniciativa no sólo por su aporte al desarrollo energético -lo que está en línea con el denominado Plan Magallanes-, sino también porque constituye una inversión significativa que aportará al desarrollo económico y a la creación de empleo a nivel regional.
La sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), que presidió la intendenta Liliana Kusanovic, comenzó pasadas las 15 horas del martes, en medio de la expectación de opositores al proyecto, quienes portaban pancartas con la consigna "No a Mina Invierno" y presentaron sus reparos. Una de ellas fue la Organización de Desarrollo Sustentable de Río Verde.
El gerente general de Minera Isla Riesco, Jorge Pedrals, expuso aspectos relativos a la inversión que desarrollarán en la ex estancia Invierno, por la que en julio de 2009 pagaron US$ 70 millones a BHP Billiton. En esa zona, dijo, disponen de 1.505 hectáreas de reservas carboníferas, de las cuales intervendrán 480 hectáreas con un sistema de extracción a rajo abierto, con una profundidad máxima de 180 metros. "Esta explotación permitirá cubrir el 30% de la demanda de carbón en el país, la que actualmente debe importarse desde Australia y Colombia", afirmó.
Una vez finalizada la reunión, la Intendenta Liliana Kusanovic dijo que “hemos aprobado esta etapa cumpliendo a cabalidad la legislación ambiental. Ha sido un trabajo fuerte de 1 año y un mes, en que el Sistema de Evaluación Ambiental trabajó a través de 25 servicios. Se hizo un trabajo riguroso y hemos cumplido con la ley, por eso es que este proyecto se aprueba”.
La primera autoridad regional agregó que esta aprobación traerá grandes beneficios para la región. “De esta forma establecemos un parámetro para Magallanes de desarrollo económico sustentable, en el cual estamos haciendo crecer económicamente la región, cuidando el medio ambiente y con la equidad social que corresponde. Creo que la legislación nos deja claras las normas que este proyecto tiene que cumplir. Son normas ambientales exigentes y por eso estamos tranquilos y convencidos que hemos hecho lo mejor para Magallanes”, añadió.
Plan de mitigación
El ejecutivo también detalló las acciones de mitigación que llevarán adelante durante la fase de producción, la que comenzaría en 2013.
Pedrals explicó posterirmente que, hasta el momento, han invertido unos US$ 120 millones, recursos que destinaron para acceder a las 26.800 hectáreas que en total poseen en Isla Riesco, y también para elaborar los estudios ambientales y de ingeniería de la primera etapa de la iniciativa, cuya operación requerirá de 800 trabajadores.
A ellos se sumarán otros 750 empleados que requiere la construcción del puerto, instalación desde la cual se despachará la producción de carbón sub-bituminoso, que principalmente tendrá como destino las centrales termoeléctricas a carbón de la zona norte del país, una de las cuales es Guacolda, que también está ligada a los grupos Von Appen y Angelini.
Este tipo de carbón, que tiene un menor poder calorífico que el bituminoso, se mezcla con este último, que es importado de Colombia y Canadá, lo que permite bajar el costo del combustible.
Los detractores anunciaron que presentarán un recurso de reclamación ante el Consejo de Ministros, la máxima instancia de la institucionalidad ambiental y tampoco descartaron recurrir a los tribunales para revocar el permiso.
El proyecto “Mina Invierno” de la empresa Minera Isla Riesco, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 18 de enero del 2010.
Termoeléctrica Castilla
A la aprobación del proyecto minero en Isla Riesco se suma el cambio en la calificación industrial de la central Castilla, el mayor proyecto termoeléctrico de Sudamérica, ubicado en Punta Cachos, región de Atacama, pasando de "contaminante" a "molesta".
En menos de siete días el escenario para el complejo tuvo un brusco giro. El proyecto -que busca generar 2.354 megawatts (MW) a base de carbón-, implica una inversión por US$ 4.400 millones, a cargo de la empresa MPX, del magnate brasileño Eike Batista.
La central ha sufrido una serie de traspiés en su tramitación ambiental desde hace dos años. Pero el escenario parece estar cambiando. El viernes MPX llegó a un acuerdo con el mayor opositor de la iniciativa, el arquitecto Gonzalo Domínguez.
Ahora el seremi del ramo, Nicolás Baeza, calificó a la mega central a carbón como "molesta" ratificando lo hecho por su antecesor, Raúl Martínez, quien ya había efectuado esta calificación, pero que, finalmente quedó sin efecto, pues la Corte Suprema de Justicia, en su oportunidad, rechazó la decisión de la ex autoridad por no cumplir el procedimiento para este tipo de cambio, según lo establece el Código de Procedimiento Administrativo. No obstante, el citado fallo posibilitó que la autoridad de Salud corrigiera el procedimiento y ratificara la decisión.
De este manera, con esta resolución, se deja sin efecto la calificación de "contaminante" del mega proyecto -hecha por la ex seremi de Salud de la administración pasada, Pilar Merino- a través del ordinario BS3 Nº 110 del 19 de enero de 2010. Calificación que no hacía viable el proyecto, porque no se atenía al uso de suelo existente en el lugar de emplazamiento del mismo.
Una vez que la resolución de Baeza sea notificada a todos los involucrados en el proceso, la intendenta debe citar a la Comisión de Evaluación Ambiental.
En esta primera reunión se fijaría la fecha para decidir la reanudación de la evaluación ambiental, luego de lo cual se procederá a corregir la documentación, incluyendo la nueva calificación. Cuando esto suceda, estarán en condiciones de fijar la fecha para la votación del proyecto termoeléctrico.
Fuente: El Mercurio de Santiago, El Pingüino de Punta Arenas y El Diario de Atacama
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