Si bien la idea de un megapuerto en la zona central del país, que el Sistema de Empresas Públicas (SEP) estima que debiera operar hacia 2020, no es nueva, para Rodolfo García, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Marítima Portuaria de Chile, aún más importante que su emplazamiento es la necesidad de una urgente definición: si el país continuará con un modelo que optimiza parcialmente cada empresa portuaria por separado, como asegura, o bien se toman definiciones para el conjunto del sistema.
La disyuntiva, según García, reviste importancia en momentos en que el Estado debe comenzar a preparar la construcción de un Outer Port, que rompería en una década, con la falta de aguas abrigadas en la zona central para atender naves de contenedores ligadas al incremento estimado en la carga derivada de la actividad económica del país. Todo ello, mientras los procesos de concesiones portuarias existentes siguen su curso.
García repasa la características que debiera tener el mega proyecto, las definiciones que urge tomar respecto a los tiempos de construcción y la posible intervención de privados en su desarrollo y operación, además de los temores que se han esparcido por el avance que el puerto de Callao ha despertado en ciertos sectores por su reciente licitación.
Domingo Cruzat, presidente del SEP, declaró que quiere impulsar un nuevo megapuerto en la zona central, distintos de los proyectos en curso como la licitación en Valparaíso y en otras regiones. ¿Le parece bien la perspectiva de que esté para el 2020?
Las proyecciones que se hicieron, y es que al 2020 debería estar operando la fase 1. Pero eso era suponiendo un crecimiento de un 13% de carga en el período 2012 -13 y un 10% en el 2014-15. Son números que se pueden alcanzar, pero para que los años 2012 y 2013 es probable que no crezcamos a esa tasa dada la incertidumbre en la economía mundial. El tema es que hay que hacerlo en un minuto, y si no es el 2020 tendrá que ser el 2022.
Tras las críticas a los procesos de licitación en Valparaíso y San Antonio, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar el proceso técnico para esta obra?
Yo diría que las críticas fueron de dos tipos. Había gente que pensaba que si tenía sentido hacer una licitación parcial, como Valparaíso y San Antonio; o bien si es que había que esperar y hacer una gran licitación. Y la otra más bien fue una crítica técnica a la calidad del proyecto de Valparaíso, que efectivamente fue declarado desierto. La crítica más fuerte fue que, en el caso de Valparaíso, como licitación no era sustentable.
Según el SEP, el Ministerio de Transportes debe definir una política portuaria. ¿Dónde considera usted que estarían las mejores condiciones para un proyecto de esta envergadura?
Más que ver las mejores características, hay que tomar una decisión previa: si vamos a continuar con un modelo de optimización parcial por empresas portuarias. Hasta ahora ha primado el criterio de que los directorios de cada empresa son autónomos y optimizan su propia realidad. Valparaíso, San Antonio y San Vicente hacen lo que les conviene. La duda es si estas tres decisiones de cada puerto son lo que le conviene al país.
En conjunto
¿Qué cree usted al respecto?
Aparentemente no siempre es así. Ahí es donde debe entrar el dueño, que hoy es el Estado de Chile. La ley contempla esto. Ocurre que estamos terminando de ocupar las aguas abrigadas. Y en este escenario ya no es fundamental el esquema de “yo optimizo lo mío, tu optimizas lo tuyo”. Creo que lo que prima es una decisión país, porque estamos hablando de inversiones gigantescas. Y es el Fisco el que tendrá que ver el lugar óptimo para construir.
¿Qué lugares serían aquellos con mejores proyecciones para esta obra?
Ha trascendido que se estudian tres lugares: San Antonio; Yolanda-Barón (Valparaíso) y cerca de Ritoque (Quintero). Basta mirar los mapas y no hay nada novedoso en esto, pues esos lugares han estado en análisis para hacer grandes proyectos.
¿Qué otros aspectos deben primar en un proyecto como este?
También se debe señalar qué tipo de institucionalidad se debe dar el país para hacer este proyecto. ¿Va a poder participar el sector privado o lo va a desarrollar y licitar el sector público?; ¿serán administrados por las empresas portuarias? Porque qué pasa si estos proyectos están fuera de los terrenos actuales de empresas portuarias. No es tan claro que las empresas portuarias lo puedan administrar. Hay que hacer todo un análisis, y nosotros como Cámara Marítimo – Portuaria hemos contratado unos expertos para analizar todo el tema de la institucionalidad y hacerle un aporte al Gobierno.
¿En qué etapa está este aporte que realizarán?
Tenemos contratado un estudio de expertos que nos van a revisar todo el tema institucional y cómo podría participar el sector privado, qué pasa con los actuales concesionarios y si podrían o no participar. Hay que desarrollar todo un modelo nuevo. Haremos un informe para ponerlo a disposición de nuestras autoridades en los próximos 50 ó 60 días.
Fuente: El Austral de Valdivia
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