Revisar el pago de la contraprestación por las concesiones y aplicar libertad de tarifas, son dos aspectos que los representantes del sector portuario consideran fundamentales frente a una posible autorización del cargue y descargue en zonas de fondeo por parte del Gobierno de Colombia.
De igual manera expresaron su preocupación por el hecho de que son ya 18 los artículos del proyecto de Estatuto Aduanero en los que se aclara y complementa la figura del aligeramiento de carga, que equivale al mismo descargue en fondeo, luego que ya había tomado la determinación de retirar para estudio, tres de ellos, en los que inicialmente se mencionaba el tema.
Así quedó establecido durante el foro sobre la situación actual y expectativas de los puertos del Caribe, realizado en el marco del Sexto Encuentro Regional de Infraestructura que se realiza en Barranquilla.
En este foro participaron Antonio Felfle, director ejecutivo de Asoportuaria; René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla; Mauricio Suárez, presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta; y Ricardo Román, gerente de Palermo Sociedad Portuaria.
En desarrollo de sus intervenciones dejaron en claro que no se oponen al desarrollo de la navegabilidad por el río Magdalena, pero que se seguirán oponiendo al descargue en fondeo mientras el Gobierno nacional no abra un proceso de revisión a los contratos de concesión portuaria que se encuentran vigentes.
El presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, expuso que el fondeo hoy no es relevante para estimular la navegación por la principal arteria fluvial del país. “Estamos a favor de la navegabilidad a través del Río, es el futuro del comercio exterior del Caribe colombiano, sobre todo cuando el nuevo movimiento de carga no se va a poder manejar por la existente infraestructura vial, sin embargo el fondeo no es la solución, hay que construir unas adecuadas carreteras para conectarlas con los puertos fluviales. Ahí es donde está la clave para estimular el desarrollo de la carga por el sistema fluvial”, destacó. Según el empresario hoy los puertos tienen capacidad ociosa capaz de mover el doble de la carga que movilizan actualmente.
A su vez, el presidente del Puerto de Santa Marta, Mauricio Suárez, consideró que el fondeo es una amenaza latente para las inversiones que se ejecutan a través de puertos seguros y es un mensaje equivocado del Gobierno y que conllevará a que se frenen las mismas. “El cargue y descargue en fondeo no pagarán unos costos portuarios y la carga pasará por encima de nuestros puertos, generando inestabilidad e inseguridad para operaciones en las que estamos invirtiendo muchos recursos”, aseveró.
Como “poco optimista” frente a este debate abierto tras una reunión realizada con la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, se declaró René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla, quien considera que no se trata solamente de cargar y descargar productos sino del analizar el impacto social, ambiental, económico y de seguridad.
Para Antonio Felfle, director ejecutivo del Asoportuaria, en el estudio que adelanta el Gobierno, se debe tener en cuenta que solamente las concesiones portuarias deben pagar contraprestación y tasa de vigilancia, lo que no se requiere para el descargue en fondeo, por lo que quedarían en desigualdad de condiciones frente a estas empresas.
Además las tarifas que se aplican actualmente para las operaciones de las concesiones portuarias son controladas y reguladas, lo que tampoco les permite competir en este campo.
Lo que sí esperan es que se reglamente el descargue seguro de muelle a barcazas para los puertos. Sin embargo coinciden en que este proceso requiere de un análisis jurídico con el Gobierno, para encontrar una solución en la que todos ganen.
En este mismo sentido se pronunció Ricardo Román, gerente de Palermo Sociedad Portuaria, pues en caso que se autorice el descargue en fondeo las inversiones que se realizan en los puertos serían desestimuladas al tiempo que su infraestructura quedaría subutilizada, ya que la carga pasaría del fondeo directamente al interior de Colombia.
“De ser así sería mejor comprar barcazas que invertir en infraestructura”, precisó el dirigente portuario.
Otro de los aspectos que preocupa a los concesionarios de puertos es que actualmente en la Ley 1 de 1991, se establece la operación del aligeramiento de carga en caso que haya una contingencia pero una vez sea autorizado su uso comercial, no habría suficiente zona de fondeo para realizar estas operaciones.
Fuente: El Heraldo, Colombia
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