El jueves 6 de marzo, el ambiente en dependencias del Ministerio del Trabajo era todo optimismo, luego de que los trabajadores portuarios, encabezados por Sergio Vargas, llegaran a un acuerdo con el gobierno y parlamentarios del oficialismo para el envío del proyecto de ley que daba luz verde al pago retroactivo de media hora de colación.
Dicho compromiso permitió desactivar el paro portuario de enero, que se extendió por más de 20 días, y la amenaza de una nueva movilización, que se haría efectiva ese mismo día si los trabajadores no quedaban satisfechos.
Sin embargo, todo esto podría quedar en nada con el arribo a La Moneda de la administración Bachelet. A las nuevas autoridades no les gustó nada que el gobierno de Piñera comprometiera gastos a futuro, menos aún en un escenario económico marcado por la desaceleración -en enero, la economía creció 1,4%-, en el que no se obtendrían los recursos previstos inicialmente en el Presupuesto 2014.
El día lunes 10 de marzo, el designado ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dio luces sobre ello. Dijo que tanto esta iniciativa como otras tres que el Ejecutivo envió al Parlamento en último minuto deberán ser analizadas, “respecto de cuáles serían los compromisos que se estarían generando y cuáles son las fuentes de financiamiento”.
“Desde ya, quiero adelantar que estos movimientos de última hora en nada ayudan a tener una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no será la tónica ni una característica de la próxima administración”, advirtió Arenas.
No hay recursos
El proyecto en cuestión implica para el Estado un desembolso de US$ 28 millones, con cargo al Tesoro Público, que es la única fuente de financiamiento de que dispone el nuevo gobierno, ya que el Presupuesto de la Nación está asignado a cada una de las partidas desde enero.
En este proyecto, el titular de Trabajo de la administración pasada, Juan Carlos Jobet comprometió ante los trabajadores portuarios el envío de una “ley corta”, que contempla un pago retroactivo por bono de colación que asciende a los $ 750 mil por cada trabajador, lo que se traduciría en un costo final para el Fisco de US$ 28 millones. La iniciativa fue enviada el día lunes 10 al Parlamento.
El senador PPD Ricardo Lagos Weber calificó de imprudente el envío de estas iniciativas y lo acusó de falta de decoro. “Lo dijimos cuando discutimos el Presupuesto, sobrestimó los ingresos y dejará menos recursos y más compromisos”.
En el erario de 2014, la administración Piñera dejó un Fondo de Libre Disponibilidad por US$ 600 millones para el gobierno de Bachelet. Sin embargo, según los representantes de la Nueva Mayoría, esa cifra es inferior y llegaría sólo a US$ 320 millones, pues una gran parte corresponde a reasignaciones. Además, este año el crecimiento será muy inferior al 4,9% estimado en el erario.
Por ello, el vocero de la Nueva Mayoría, senador Jaime Quintana, aseguró que las iniciativas enviadas por Piñera “no tienen legitimidad”, y agregó que comprometen los recursos destinados para ejecutar las 56 medidas que el gobierno de la presidenta electa prometió dentro de los primeros 100 días de gobierno.
Cecilia Cifuentes, investigadora de Libertad y Desarrollo, sostuvo que el gobierno tiene la facultad y los recursos para financiar un proyecto de ley que contempla US$ 30 millones. “Es absolutamente viable, pero obviamente depende de las prioridades que tenga el nuevo gobierno”, señaló.
En ese sentido, acotó que los recursos pueden provenir del Fondo de Libre Disponibilidad o puede hacer reasignaciones. “Eso dependerá de las prioridades del gobierno”, añadió.
Las dudas
La semana pasada, los trabajadores ya advertían que sus demandas podían sufrir un revés, dada la cercanía del envío del proyecto con el cambio de mando.
En dicha oportunidad, el dirigente y vocero de uno de los Sindicatos de Puerto Central de San Antonio, Sergio Vargas, manifestó su preocupación por la ausencia de representantes del nuevo gobierno en la mesa que trabajó la iniciativa legal, y comentó que intentaron acercarse a la designada ministra del Trabajo, Javiera Blanco, pero no tuvieron éxito. De hecho, si bien hubo parlamentarios de la Nueva Mayoría en la cita de los trabajadores con el gobierno, estos no comprometieron su apoyo, a la espera de una revisión de las cifras.
Repercusiones
Las últimas declaraciones del ministro de Hacienda Alberto Arenas y su análisis presupuestario “respecto de cuáles serían los compromisos que estarían generando y cuáles son las fuentes de financiamiento" para el pago del bono de la media hora de colación adeudada a los portuarios, generó ruido en el sector portuario.
De acuerdo a esto, Sergio Vargas, vocero del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio anunció una posible movilización que se decidirá este viernes 14 de marzo.
“Haremos todo lo necesario para conversar con el ministro y si no nos reciben tendremos que hacer lo que hacemos siempre para ser escuchados. Pero que después no se diga que los trabajadores no quieren conversar”, señaló Vargas.
El dirigente además se refirió a las declaraciones de ex-personeros de gobierno que aseguran que la economía se desaceleró a causa del paro portuario de enero. “Esperemos que no haya un paro en marzo para que nuestra economía pueda seguir fluyendo. Si no vamos a tener serios problemas".
Con una seguridad elocuente, Vargas argumentó que ellos tienen conocimientos de que "existen las condiciones para que estas platas se paguen. Existe la plata para hacerlo y tal vez no somos prioridad para este Gobierno, pero nosotros veremos como nos convertimos en prioridad”, advirtió Vargas.
Vargas evaluó la intervención del Gobierno saliente con un aporte positivo al diálogo. “Yo creo que por lo menos la administración de Piñera tomó la problemática y tal vez no de la mejor forma, pero intentaron, al menos, darle algún tipo de solución”.
Justificó, además que el acuerdo que detuvo la paralización de 20 días en enero se sostuvo con el Estado de Chile y que esto trasciende a los gobiernos. “Hoy volvemos a pasar de
nuevo con este problema a la administración de Bachelet y nosotros haremos todo lo que sea necesario para que se respeten los acuerdos que hicimos con el Estado de Chile”.
"Nos sentimos pasados a llevar. Engañados no, porque nosotros sabíamos que esto se podía producir. Nosotros lo estábamos viendo pero no nos vamos a dejar pasar a llevar. Eso es lo que tienen que entender", señaló el dirigente.
El 80% de los puertos según aduce Vargas, responden a la Unión Portuaria de Chile, por lo que afirma que se podría tratar nuevamente de un paro nacional. “Estoy seguro que van a decidir que vamos a pelear esto hasta el final, hasta conseguir lo que ya se supone que habíamos conseguido”.
Fuentes: La Tercera, Santiago y El Líder, San Antonio
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