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Procesan al líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina

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Procesan al líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina

Cercano de la Presidenta Cristina Fernández habría aprovechado su cargo para beneficio propio
Edición del 09 de Diciembre de 2014

El líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), Enrique Suárez, fue procesado el 8 de diciembre por entorpecer la navegación y no brindarle asistencia a buques extranjeros, en una resolución en la que fue acusado de actuar, con otros miembros del gremio, de manera "arbitraria" y "en beneficio propio y no de los trabajadores que representan".

Sindicalista cercano a la presidenta argentina Cristina Fernández, Enrique Suárez fue procesado por el juez federal Rodolfo Canicoba por poner en peligro la seguridad de barcos y entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por agua- delito para el que se prevé una pena de tres meses a dos años-, además de recibir un embargo de US$ 585.500.

Por los mismos cargos también fueron procesados Rigoberto Suárez, secretario de Sección Cubierta del Somu, y Jorge Agustín Vargas, secretario de Relaciones Laborales del sindicato.

"En todos los casos se actuó con la cobertura del gremio manejado arbitrariamente", concluyó el juez Canicoba Corral sobre las imputaciones a los sindicalistas. Enrique Suárez fue procesado porque le impidió al buque "Kota Lawa", de Singapur, obtener asistencia de dos remolcadores que tripulaban marineros del Somu.

"Todo ello realizado sin que se hubiera acreditado un conflicto gremial en regla y sin observar las más elementales reglas de procedimiento para su servicio fundamental como es la navegación", sostuvo el magistrado en su resolución difundida oficialmente por el Centro de Información Judicial (CIJ).

También fue acusado por haberle negado el servicio de remolque al buque "Anabisetia S" y su barcaza "Agedelta", ambos de bandera paraguaya, para ingresar al espigón de Terbassa, del Puerto de Buenos Aires. Además, se le atribuyen otros hechos como no haber prestado servicios a otros tres buques.

Para el juez Canicoba Corral, los gremialistas, "escudándose en su función de dirigentes sindicales, desarrollaron las acciones ilícitas imputadas". El magistrado agregó que los sindicalistas "desde hace años vendrían realizando por decisión conjunta" una serie de acciones "todas relacionadas con su labor gremial pero sin justificación, en perjuicio de diferentes empresas relacionadas con la navegación, en beneficio propio y no de los trabajadores que representan".

Enrique Suárez- quien llegó a la cima del SOMU en los años '90 y fue designado representante de los trabajadores en la poderosa empresa naviera Maruba- es uno de los dirigentes gremiales oficialistas más cercanos al Gobierno pero está afrontando una serie de problemas internos y  con la Justicia.

En ese sentido, un grupo de dirigentes se escindió del sindicato para hacerle frente en la interna del gremio, al tiempo que fue denunciado públicamente por la prensa por presuntas irregularidades en su accionar.

Por ejemplo, una investigación de "Periodismo Para Todos" de Canal 13 denunció que habría usado material de la Isla Demarchi para un emprendimiento inmobiliario en Corrientes. El dirigente indicó en el mismo programa que esos elementos se habían recibido en carácter de "donación" con destino a una sociedad anónima.

Pero Enrique Suárez- calificado una vez por la Presidenta como uno de sus "sindicalistas favoritos"- no es el único gremialista oficialista con problemas con la Justicia, ya que el ferroviario José Pedraza fue condenado y mandado a prisión por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, crimen por el cual también fueron sentenciados otros miembros de la Unión Ferroviaria (UF).

Juan José Zanola, ex líder de los bancarios, es otro de los que tuvo un paso por la cárcel, en su caso por la "mafia de los medicamentos".

También Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, tuvo momentos de zozobra en los tribunales cuando se lo vinculó con la última dictadura militar a partir de un antiguo empleo que tuvo en el Batallón 601 del Ejército, aunque luego la Justicia determinó que no tuvo ninguna relación con delitos de lesa humanidad.

Fuente: DYN

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