Según diputados de varias bancadas del Congreso de Guatemala, la concesión del Terminal de Contenedores de Quetzal, se debe otorgar a la empresa ganadora de un proceso de licitación pública, y rechazan al mismo tiempo la confección de una “ley a la medida” de APM Terminals.
Según El Periódico, existen dos factores comunes en las respuestas de los jefes de bloque del Congreso respecto a la iniciativa de ley que anunció el Ejecutivo para dar en concesión directa del Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en Escuintla: 1) no conocen a profundidad la propuesta y 2) les genera dudas la forma como, han escuchado, se otorgará el uso del terminal portuario.
Cabe recordar que en septiembre pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), APM Terminals y la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) -Nuevos accionistas de TCQ— suscribieron un memorándum de entendimiento en el cual se fija a cambio de la concesión, el pago de una reparación civil de US$32,7 millones al Estado de Guatemala y US$10,5 millones en proyectos de desarrollo para los municipios de Escuintla.
En el memorándum, además, se acordó que el poder legislativo (que no firmó el acuerdo) aprobaría la iniciativa en un término de 40 días. Sin embargo, el proyecto no ha sido presentado al Congreso y solo se han sostenido reuniones informales convocadas por el presidente Jimmy Morales, la PGN y el Banco Mundial (BM) para abogar por la necesidad que tiene el país de contar con un "puerto moderno".
Dudas en el legislativo
A decir de Carlos Fión jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, cuando la iniciativa sea presentada se deben estudiar tres escenarios: la concesión directa, realizar una licitación pública; y evaluar la Ley de Contrataciones, que señala que no se podrán concesionar los servicios en los que el Estado obtenga utilidades, para no cometer irregularidades en el proceso.
El Artículo 96 de la Ley de Contrataciones indica que “la concesión se adjudicará, previo cumplimiento del procedimiento de licitación que determina esta ley en lo que fuere aplicable, no pudiendo acogerse a los casos de excepción que contempla la misma".
TCQ se encuentra intervenida por el Juzgado de Extinción de Dominio debido a que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como los cabecillas de una estructura que cobró sobornos a cambio de que EPQ autorizara un usufructo oneroso por 25 años.
Tanto APM como IFC han expresado que están de acuerdo en cumplir todas las cláusulas del memorándum y que al momento de adquirir TCQ desconocían la forma cómo se negoció el usufructo durante el gobierno de Pérez Molina y Baldetti.
Procuradora general
La procuradora general, Anabella Morfin, aseguró que la iniciativa ya se trasladó a la Secretaría General de la Presidencia, donde se deberá analizar para presentarla al Congreso "en el momento oportuno". Según la funcionaria, el proyecto de decreto incluye lo contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y que es necesario autorizarlo cuanto antes debido a que TCQ tiene deudas y el equipamiento podría arruinarse por el desuso.
Morfin explicó que en la iniciativa se estableció un plazo de 21 años de concesión, instalar un escáner de rayos X para supervisar la carga que entra y sale de TCQ y una cláusula anticorrupción, la cual establece que si se descubre que los nuevos accionistas conocían la forma como se obtuvo el contrato original (supuestamente a través de sobornos), el contrato quedará sin efecto.
"Ellos (los accionistas) han hecho una inversión muy grande y no pueden esperar un largo periodo y el interventor (de TCQ) tiene muchos compromisos; está el salario de los trabajadores, pero para este año y el otro se necesitan US$40 millones. Es preciso definir esto ante la falta de dinero y si no se aprueba, todos perdemos", indicó la Procuradora.
Cabe señalar que US$32,7 Millones pagó APM como reparación civil. El dinero puede ser utilizado por el Estado hasta que se otorgue el uso de la terminal.
Por MundoMarítimo
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