Rechazo genera en la Marina Mercante en México la propuesta legislativa efectuada por un grupo parlamentario que busca promover la militarización de las operaciones, que actualmente efectúa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó Sinembargo.mx.
El malestar fue expresado a través de una carta firmada por el Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante, Orden de Capitanes y Pilotos Navales, Colegio de Marinos Mercantes, Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, Unión Nacional de Marineros, Frente Unidos de Marinos Mercantes, Coalición de Pescadores Marineros y Transportistas, entre otros.
En su declaración advierten que “la militarización de instituciones civiles podría ser normal en una dictadura militar, pero sería jurídicamente incompatible en un país con instituciones civiles regido por un Estado de Derecho”.
Agregan que ya se ha visto el impacto generado mediante un decreto en 2016 se militarizaron las Capitanías de Puerto. “Al tener un esquema militarizado en las Capitanías de Puerto se inhibe la participación del sector privado en la industria marítima, desalienta la inversión y acota el desarrollo de la actividad comercial ligada a la transportación marítima”, sostuvo.
Con la ampliación de la militarización en toda la Marina Mercante, como plantea la iniciativa impulsada por el diputado Julio Carranzas, “se pone en riesgo” el Proyecto de Zonas Económicas Especiales, específicamente el Proyecto Transístmico de Tehuantepec, ya que “la actividad comercial se inhibiría dentro de una atmósfera”, advirtieron.
También coincide en este planteamiento, el Secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú, quien compareció ante los diputados expresando su rechazo a la iniciativa sobre “la conversión” de la Marina Mercante (civiles) a la Semar (militares).
“La SCT nunca fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, aseguró.
Carecen de competencia
Por su parte, el capitán Antonio Rodríguez Fritz, integrante del Sindicato de Capitanes y Jefes de Máquina de la Marina Mercante, expuso que las Fuerzas Armadas no licitan los servicios requeridos, por lo que “todo se hace en asignación directa” y el uso de recursos públicos no sería fiscalizado “por seguridad nacional”. Además, si surgen abusos o negligencias en el intercambio comercial, “los militares están bajo fuero militar”.
Como parte del transporte de 5.9 millones de pasajeros y 300 millones de toneladas movilizadas en los más de 100 puertos mexicanos, el capitán fue enfático en contrastar que los miembros de la Marina Mercante son civiles que estudiaron para marinos mercantes para gestionar buques que llevan carga, pasajeros, contenedores y combustible, actividades para las que “no están capacitados ni experimentados” los militares.
“Nosotros estamos dedicados al comercio y transporte marítimo. No al manejo de armas. La formación de un militar es totalmente incompetente para lidiar con temas comerciales”, dijo, y “su responsabilidad es salvaguardar las costas y los litorales de un país”, indicó.
Iniciativa de militarización
A través de la Gaceta Parlamentaria se publicó el 3 de octubre la iniciativa para reformar puntos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La iniciativa de militarización de la Marina Mercante afirma que a partir de la militarización de las Capitanías de Puerto en 2016, “se incrementó la seguridad y protección marítima” a través de la Secretaría de Marina, y se generó “una mejora administrativa en los trámites” que se prestan a la comunidad marítima.
Sin embargo, los trámites como otorgamientos de permisos para embarcaciones mayores y de extraordinaria especialización, así como el Registro Público Marítimo Nacional, permanecieron en gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “lo cual se considera crea algunos vacíos legales en materia de seguridad y protección portuaria”.
En contraposición, también en septiembre pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria, una propuesta que pretende derogar el decreto que en 2016 traspasó las funciones de las más de 100 Capitanías de Puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar).
Por MundoMarítimo
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