La Comisión Europea ha publicado un conjunto de propuestas legislativas para que la UE alcance su objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990, reporta Lloyd's List.
El paquete "Fit for 55" incluye 10 propuestas, cuatro de las cuales están directamente relacionadas con el sector marítimo y tendrán amplias repercusiones internacionales tanto en las emisiones como en los costos del transporte marítimo.
Entre las más importantes están la ampliación del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, el mercado del carbono del bloque, para incluir el transporte marítimo y la imposición de los primeros requisitos de intensidad de gases de efecto invernadero (GEIO) a los combustibles del transporte marítimo, a través del FuelEU Maritime.
Cada una de estas dos propuestas abarcaría algo menos del 70% de las emisiones anuales de dióxido de carbono del transporte marítimo relacionadas con el Espacio Económico Europeo (EEE), incluidas partes de los viajes internacionales con origen y destino en puertos del EEE.
Las propuestas marcarían las políticas más agresivas en materia de emisiones del transporte marítimo y descarbonización, así como el lanzamiento oficial de un intento de imponer medidas unilaterales al transporte marítimo, incluido el internacional, adelantándose a la Organización Marítima Internacional (OMI), que ha denunciado repetidamente los esfuerzos de la UE por regular las emisiones del transporte marítimo internacional.
Cabe destacar que todas estas propuestas tienen que ser negociadas con el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE antes de ser adoptadas.
Tanto la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión como la de FuelEU Maritime afectan a los buques de al menos 5.000 toneladas brutas, independientemente de su pabellón. Ambas propuestas hacen recaer en los armadores la responsabilidad de su cumplimiento, en línea con los requisitos existentes.
Sin embargo, en una primicia, el ETS y FuelEU Maritime reconocen el principio de "quien contamina paga" y establecen que una compañía naviera podría hacer responsable de los costos de cumplimiento a la entidad responsable de las emisiones de los buques o de la intensidad de GEI de los combustibles, respectivamente, "mediante un acuerdo contractual". "Esta entidad sería normalmente la responsable de la elección del combustible, la ruta y la velocidad del buque", serñalan las propuestas.
Esta parte no estaba incluida en las versiones filtradas y Lloyd's List entiende que se añadió posteriormente, debido a la presión del sector para que se reconozca el papel que tienen los fletadores en las emisiones.
El régimen de comercio de derechos de emisión funciona como un sistema de tope y comercio, en el que las empresas compran derechos de emisión de un conjunto limitado, en el que un derecho equivale a una tonelada de CO2 emitida. Al final del año tienen que entregar suficientes derechos de emisión para cubrir las emisiones de sus buques durante ese año.
Si tienen más derechos de los que necesitan, pueden venderlos a otras empresas que los necesiten o guardarlos para el año siguiente.
Aunque la Comisión quiere que los armadores empiecen a cumplir con el RCCDE a partir de 2023, también propone una introducción gradual de la medida; un armador tendría que pagar sólo por el 20% de las emisiones de un buque en 2023. Ese porcentaje aumentará anualmente hasta alcanzar el 100% de cobertura en 2026.
Sin embargo, las empresas navieras no obtendrán derechos de emisión gratuitos de la UE. Si el transporte marítimo estuviera en el RCCDE en 2020 bajo este ámbito geográfico y con una cobertura del 100% de las emisiones correspondientes, se habrían cubierto 81,2 millones de toneladas de CO2 del total de 119,9 millones de toneladas de CO2 emitidas en viajes relacionados con el EEE, según un reciente análisis de Lloyd's List.
Cada compañía naviera será asignada a una autoridad específica del Estado miembro de la UE que supervisará su cumplimiento. Si una compañía no entrega la cantidad correcta de derechos antes del 30 de abril del año siguiente, deberá pagar una multa adicional de 100 euros (118 dólares) por cada tonelada de CO2 equivalente para la que no disponga de derechos.
A las empresas que no hayan cumplido durante dos años consecutivos se les podría denegar la entrada en los puertos de la UE, si el Estado miembro responsable elige esa opción. "Como resultado de la emisión de dicha orden de expulsión, cada Estado miembro denegará la entrada de los buques bajo la responsabilidad de la compañía naviera en cuestión en cualquiera de sus puertos hasta que la compañía cumpla su obligación de entrega", dice la propuesta de la Comisión.
La propuesta también sugiere que haya una cláusula de revisión que también tenga en cuenta los progresos realizados en la OMI. "Aunque los recientes avances logrados en la OMI son bienvenidos, estas medidas son insuficientes para descarbonizar el transporte marítimo internacional de acuerdo con los objetivos climáticos internacionales", señala claramente la Comisión en su propuesta.
Por MundoMarítimo
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