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Perú pierde competitividad por insuficiente inversión en infraestructura

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Perú pierde competitividad por insuficiente inversión en infraestructura

Empresarios aseguran que hicieron su parte, pero el Estado no los acompañó con obras
Edición del 03 de Noviembre de 2008

Hace un par de semanas el Foro Económico Mundial publicó su "Índice Global de Competitividad 2008-2009", en el que Perú escaló tres puestos. Hasta ahí la noticia era halagüeña, pues contrariamente a lo que pasó el 2007 (cuando decendieron ocho puestos), el Perú recuperó algo del terreno perdido, lo que además le valió colocarse en el quinto lugar de competitividad en Sudamérica, delante de Argentina, pero detrás de Chile, Brasil, Colombia y Uruguay.

Sin embargo, las cifras del WEF revelan que la mejora en el ránking obedece básicamente a la estabilidad macroeconómica, pero que la competitividad del país es arrastrada por grandes deficiencias en institucionalidad, innovación e infraestructura, a los últimos puestos de las 134 economías analizadas.

A su vez el factor más rezagado de la denominada triple I es infraestructura: retroceso de 9 puestos en el último índice. Situación similar ocurrió en el ránking del 2007, es decir que en los últimos dos años han retrocedido 18 puestos.

¿Pero cómo se explican los resultados del WEF, si en los últimos años se han impulsado importantes proyectos de infraestructura? Javier Dávila, jefe de Estudios Económicos de la SNI explica que "con el alto nivel de crecimiento que ha experimentado el país, el déficit de infraestructura lejos de ceder se acentuó".

Para Emilio Fantozzi, gerente general de Ransa, la brecha se palpa día a día en las carreteras colapsadas y en los puertos congestionados, lo que deriva en sobrecostos que restan competitividad a la producción nacional.

Labor pendiente

José Luis Silva, presidente de ÁDEX, agrega que mientras los empresarios hicieron su parte en el desarrollo del mercado interno y las exportaciones, el Estado no los acompañó con obras de infraestructura que hagan sostenible el desarrollo del país. Por su parte, Dávila comenta que el cuello de botella se pudo evitar si se hubiera planificado el acompañamiento del desarrollo económico con proyectos de infraestructura.

Ante las críticas, Gabriel Amaro, jefe de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responde que su sector "ha trabajado lo más rápido que podía, pero los proyectos tienen que respetar los procedimientos legales". De la misma opinión es Agnes Franco, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad, y agrega que el Estado sí ha avanzado con algunos proyectos "pero estos no se hacen de la noche a la mañana".

Pero Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura, critica la actitud reactiva del sector público, ya que considera que "se debió prever y planificar las obras (con antelación) para cerrar la brecha de infraestructura, que actualmente bordea los US$30.000 millones".

Voces encontradas

Si no hay acuerdo sobre si el Estado previó o no el desarrollo de la infraestructura, la contradicción es mayor si se pregunta si Perú tiene un plan de prioridades. La respuesta es obvia entre los funcionarios públicos: Franco comenta que el MTC tiene "un norte a seguir, pero las necesidades son tantas que el presupuesto no alcanza".

Amaro agrega que ese plan responde a las necesidades económicas y geográficas del país.

Pero la percepción del sector privado es opuesta. El titular de ÁDEX asegura que si el plan efectivamente existe, sería importante que se hiciera público y que el sector privado tenga la posibilidad de introducir modificaciones "porque son los usuarios los que sabemos qué se necesita, no los funcionarios que están sentados en sus oficinas".

Fantozzi agrega que como el Estado tiene tantas prioridades que atender, como salud y educación, debió promover la inversión privada para atender las necesidades de infraestructura. Prialé a su vez concluye que la falta de recursos no es excusa, pues para eso hay herramientas como las concesiones privadas o las asociaciones público-privadas.

Fuente: El Comercio (Perú)

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