Alberto Arene estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) durante la etapa previa a la apertura de la licitación del puerto de La Unión. Después de que el proceso fue declarado desierto, el exfuncionario asegura que durante su administración se formuló una estrategia de la que solo se cumplió con reformar la ley, de tal manera que fuera atractiva para las firmas internacionales. Agrega que haber omitido los US$15 millones del dragado en el presupuesto nacional pasó factura.
¿Cuál es su lectura después de lo que pasó el 28 de mayo?
El puerto tiene algunos pecados de origen, desde la decisión de su ubicación por los niveles de azolvamiento, y el país tiene vacíos por no haber hecho su tarea a nivel público en términos de conocimiento de todo el tema logístico. Cuando finalmente se inauguró, no estaba listo para operarse ni para concesionarse (…).
La concesión exitosa del puerto de La Unión implicaba el diseño y la ejecución de una estrategia con cuatro componentes, y eso hicimos: una ley competitiva; en segundo lugar, señales claras al mercado que el Estado asumiría el dragado, asegurar que no hubiera impedimentos para que la carga de Acajutla pudiera migrar progresivamente hacia La Unión, y que los operadores no vieran a CEPA como una competencia desleal y, finalmente, el impulso del corredor logístico entre Puerto Cortés en Honduras y el puerto de La Unión. No existe espacio para dos puertos de contenedores en El Salvador, ni para dos puertos de contenedores en el golfo de Fonseca.
Si se hizo tanto, ¿por qué fracasó la licitación?
En el canal interno la profundidad ha llegado hasta -7 metros o -7,5 metros y había que dragar hasta -10 metros por lo menos en el primer año. Eso implicaba que el Ministerio de Hacienda tenía que presupuestar en 2015 US$15 millones y así sucesivamente en los próximos años, eso no se hizo.
¿Se pidieron los $15 millones al Ejecutivo?
Bueno, había ya consenso, pero no se formalizó porque todavía estábamos esperando que se terminaran las bases de licitación y el contrato, o sea que todavía teníamos tiempo. Era un entendido y hubo consenso sobre este tema. El drenaje que ha significado la amortización de la deuda con JICA, más la manutención del puerto, han descapitalizado a CEPA. CEPA no tenía los recursos y eso se le demostró a Hacienda.
¿Y en ese momento qué respondió Hacienda?
Que lo iban a estudiar. Pero mi lectura es que en ese momento es que había disposición porque esto era una prioridad del Estado. Nunca hubo una objeción después de que se demostró que CEPA no tenía los recursos para poder hacerlo. No había dudas de hacerlo más allá de las tensiones fiscales, era un tema clave de la concesión exitosa. La información que tenemos es que nunca se hizo. Había un proyecto que quedó listo, de elevar las tarifas de Acajutla. No solo porque estaban más bajas que la competencia centroamericana, pero también como una manera de estimular esa transición.
CEPA dijo que va a analizar las opciones con el presidente, que van a revisar el marco, pero la ley dice que se hace un nuevo llamado a licitación...
Creo que un llamado a licitación, si no se resuelven estos otros temas a los que he hecho referencia, las probabilidades de éxito serían las mismas. Si no se presupuestan los US$15 millones para dar señales claras al mercado y estar listos para iniciar los procesos licitatorios para contratar la firma que va a dragar, no hay buena señal. Por otro lado, se necesita entrar en serio al tema de ver cómo se puede desplazar al menos una parte de la carga de Acajutla a La Unión. Lo otro es proponerle a Honduras un corredor logístico.
¿Qué opciones quedan?
Todos los estudios nos dicen que con la concesión de Puerto Quetzal (Guatemala), que fue hace dos años a Contenedores de Barcelona, y con los trabajos que están haciendo, no va a poder competir Acajutla.
Están tan cerca los dos puertos que lo que va a suceder es que como se van a reducir los fletes, la exportación e importación de contenedores que ahora se van vía Acajutla se van a ir vía Quetzal. Esa es la realidad, no hay manera de competir desde Acajutla con Quetzal, solo lo vamos a hacer con la concesión del puerto de La Unión, con una compañía de nivel internacional que concentre la carga de El Salvador, de Honduras y Nicaragua. ¿Cuál es la propuesta? Una primera opción que es hacer otra vez la licitación. Si esto se hace, hay que darle una solución a los tres temas a los que he hecho referencia. La propuesta es que hay que concesionar Acajutla y La Unión juntos, porque bajo esa perspectiva sí es viable la concesión porque habría carga desde el inicio, y además hay que explorar la posibilidad de que, dado que estamos hablando de un volumen de negocios mayor, el dragado lo pueda asumir la empresa que gane la concesión.
Fuente: La Prensa Gráfica, El Salvador
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