Casos como las ocupaciones ilegales a gran escala en el borde costero, la contaminación que provocó la Fundición Ventanas de Codelco en comunidades aledañas de la V Región, o la construcción de viviendas y comercios a orillas de la playa en zonas no idóneas o de difícil acceso -lo que quedó en evidencia con el tsunami de 2010-, no debieran volver a repetirse. Es parte de lo que busca el proyecto de ley que reforma la administración del borde costero y las concesiones marítimas, que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.
La iniciativa supone dos cambios clave: primero, tras 52 años bajo el mando de las Fuerzas Armadas, ahora la tutela será del Ministerio de Bienes Nacionales. Segundo, se plantea la creación de la primera política nacional de zonificación y uso del borde costero de rango legal.
Esto implica crear un consejo de ministros asesor del Presidente de la República (que encabeza Bienes Nacionales) y un nuevo régimen para las concesiones marítimas, hoy sujetas a reglamento y en adelante a una ley. Sobre lo último, un punto relevante es que acorta la duración de las concesiones definidas como mayores; es decir, con una inversión sobre 2.500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM, $ 99 millones). Hoy rigen por 10 a 50 años y el proyecto las rebaja a un máximo de 30 años. Las concesiones bajo 2.500 UTM siguen en el tramo de uno a 10 años. También permitirá modificarlas, lo que hoy es inviable.
Como tercer tema, se contemplan normas transitorias y especiales orientadas a regularizar situaciones de quienes viven o abrieron negocios en la franja costera en condición irregular, explica la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. Los palafitos en Chiloé son casos de ese tipo. “No es un proyecto para privatizar el borde costero. Buscamos avanzar hacia una política de Estado que permita una gestión más allá de lo casuístico para promover el desarrollo de su potencial en armonía con el cuidado del medioambiente y el respeto a los derechos de uso ancestrales”, dice.
La franja costera chilena se extiende por 4.000 kilómetros y más del 80% es de propiedad fiscal. Abarca desde 80 metros desde la marea más alta hacia el territorio nacional y hasta las 12 millas marítimas. Desde 1960 la administra la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
La ministra explica que la decisión de revisar la normativa se adoptó a su arribo a Bienes Nacionales. Se hizo un diagnóstico en el que participaron representantes de los 11 ministerios firmantes del proyecto y “la primera conclusión fue que la administración de la gestión del borde costero debía radicarse en una cartera con vocación territorial y no en una con vocación de defensa”. En segundo lugar, agrega, “se concluyó que el trabajo de entregar concesiones respondía más a la casuística que a una política definida por el Estado en materia de zonificación y desarrollo de la franja costera”.
De ahí que en materia de concesiones haya más cambios. Primero, se fijan causales para terminar con la concesión: hoy el Estado puede hacerlo sin expresión de causa y sin indemnizar al concesionario si da un plazo para ello. Solo lo indemniza si es de inmediato.
El segundo punto es que hoy una concesión no es modificable: solo se puede vender o heredar. El proyecto establece la posibilidad de modificar la concesión en cuanto al giro, siempre y cuando el nuevo giro figure entre los usos permitidos del borde costero y responda a los objetivos de zonificación del lugar en que está emplazado. También en el plazo y superficie, pero requerirá la autorización por decreto supremo de Bienes Nacionales. Se autorizará el arriendo de la concesión siempre que se haga por escritura pública y se inscriba en el catastro nacional que debe llevar el ministerio.
Un tercer punto es que se permitirá autorizar dos o más concesiones en un mismo sector solo para amparar tendidos de infraestructura (por ejemplo, cables de electricidad), “siempre que no afecten, impidan o dificulten considerablemente” las actividades contempladas en la concesión vigente. Las concesiones también podrán ser entregadas en prenda especial para garantizar obligaciones de sus titulares sin necesidad de autorización del ministerio.
Además, Bienes Nacionales podrá realizar licitaciones públicas para adjudicar concesiones cuando lo estime conveniente a los intereses fiscales, o cuando dos o más interesados soliciten la concesión en todo o parte de un mismo sector.
Por último, se fijan nuevos plazos en las distintas etapas de tramitación y respuesta a la solicitud de una concesión. Hoy la tramitación tarda dos a tres años y con los cambios del proyecto se reducirán a la mitad.
La iniciativa también fija nuevos plazos para la definición de los usos zonales y para la tramitación y respuesta ante la solicitud de concesiones o presentación de proyectos regionales, comunales o zonales. Hoy, cuando el gobierno regional hace una propuesta a la comisión regional del uso del borde costero (CRU), estas no tienen plazo para resolver y, por tanto, el pronunciamiento puede tardar meses. Con el proyecto, el plazo se limita a 30 días.
Fuente: Especial Negocios de Diario La Tercera de Santiago
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