Licitación del puerto no viola Tratado de 1904

Al revés, el esperado encuentro fue objeto de una cuidadosa preparación, a cargo de quien sería su protagonista chileno, el subsecretario y canciller subrogante Cristián Barros. Sucesivas reuniones con el cónsul boliviano y un intenso trabajo preparatorio junto a los equipos técnicos de nuestro país fueron decisivos para conseguir que la cita con su homólogo, Jorge Gumucio, resultara exitosa.

Claro que la cortesía de la visita duró poco.

Porque así como en Chile Gumucio evitó agudizar públicamente los temas conflictivos, apenas tocó suelo paceño su discurso cambió completamente: volvió a insistir en la demanda marítima boliviana y de pasó amenazó con llevar a la Corte de La Haya los cuestionamientos a la licitación del Puerto de Arica.

Si bien no se tocó esta vez el tema marítimo, parece ser que sólo quedó en stand-by y Bolivia está esperando para plantearlo nuevamente.

El tema, como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no puede estar esperando una nueva oportunidad, porque no está en agenda. Para que un tema esté en agenda, como en este caso específico, tiene que surgir de una controversia. Tendríamos que tener en este momento un problema pendiente con Bolivia respecto a límites, y eso no lo tenemos, no hay que equivocarse.

P.- ¿Esa es una percepción de ambos países?.
R.- No es una percepción. No lo tenemos desde el momento que hay un tratado firmado que establece los límites, que son reconocidos internacionalmente, que han sido aceptados por cien años. Ahora último, el canciller Siles habla de un nuevo acuerdo, pero él mismo ha dicho que el Tratado de 1904 no es revisable, porque los tratados de límites no son revisables. Entonces, no existe ninguna alternativa que no sea respetar lo que tenemos acordado hace cien años.

P.- ¿No se contradice Bolivia al decir que no se va a revisar el Tratado de 1904 y, por otro lado, pedir soberanía al mar?
R.- Claro que es una contradicción. Por eso nosotros hablamos de una aspiración de Bolivia de un acceso soberano al mar, no de un derecho.

P.- ¿Y no se puede plantear en el futuro como problema pendiente?
R.- Usted no se puede sentar en una mesa a conversar problemas que no tiene.

Tema del mar

P.- ¿Ya están listos los equipos que viajarán a La Paz en abril? ¿Serán técnicos o políticos?
R.- Los equipos técnicos son tres y se están constituyendo. Son bastante específicos: cultura, comercio y cooperación. La invitación oficial de La Paz la tenemos, sería a fines de marzo, principios de abril, debemos concordar la fecha. También concordamos en que esta misma reunión de vicecancilleres la vamos a repetir en La Paz antes de que termine el semestre. Eso como una forma de agilizar el contacto personal a este nivel entre ambas cancillerías, no dejándolo una vez al año, sino que una vez cada seis meses.

P.- En Bolivia se ha generado gran expectativa sobre la reunión de abril, incluso se ha señalado que ahí podrían plantear el tema marítimo.
R.- No, eso está fuera de todo lugar. Además, sería muy pernicioso que se estableciera en la opinión pública, ya sea aquí o allá, que esas reuniones sean para tratar temas que no sean exclusivamente técnicos.

Puerto de Arica

En el tema del puerto de Arica, si bien ellos dijeron en Santiago que no van a ir a la OEA, al llegar a La Paz el vicecanciller Gumucio dijo que si Chile sigue con la licitación y ellos consideran que se ha violado el tratado de 1904, van a recurrir a la corte de arbitraje de La Haya.

P.- ¿Se puede confiar si dicen primero una cosa y después afirman otra?
R.- Efectivamente, las declaraciones han sido algo contradictorias, pero ni lo uno ni lo otro; ni la OEA, ni la Corte Internacional de La Haya. Pensamos que es un tema técnico, que no va más allá de una buena comprensión de lo que se está haciendo. La licitación del puerto de Arica no viola el Tratado de 1904, la hubiera violado la licitación del Puerto de Antofagasta, pero ya han pasado varios años y no ha sucedido nada.

P.- Ellos argumentan que es el Estado el que está obligado con Bolivia y con esto le está pasando la responsabilidad a un privado.
R.- El Estado nunca deja de tener la responsabilidad. En Bolivia se usa un término que es equívoco; ellos hablan de privatización y esto es una concesión. La propiedad sigue estando en manos del Estado de Chile, nunca deja de tener la responsabilidad contraída con el Tratado de 1904.

P.- ¿Esto podría afectar los procesos de exportación de Bolivia?
R.- Al revés, estamos convencidos de que podemos demostrarles que los procesos de exportación van a ser agilizados y además abaratados. El componente del costo de carga del puerto es sólo de un 30% a 35% de todo el proceso de exportación.

Doble discurso

P.- ¿Se puede conversar seriamente y llegar a acuerdos con Bolivia teniendo en cuenta que el Gobierno de Mesa se ve muy presionado por la opinión pública?
R.- Por supuesto. Nunca hemos puesto en duda eso.

P.- ¿A Chile el doble discurso que asume a veces el gobierno de Bolivia le molesta?
R.- A nosotros esa parte no nos complica, porque sólo nos guiamos por las conversaciones oficiales. Nos pueden molestar las declaraciones, y les hacemos presente esta molestia, pero no son conversaciones con nosotros, son declaraciones a la opinión pública boliviana. Lo único válido para nosotros es lo que ellos nos comunican oficialmente. Si el tenor de otras declaraciones es ofensivo hacia Chile, nosotros tenemos el derecho, y así lo hacemos, a reclamar.

Ofensiva parlamentaria

P.- En la ofensiva boliviana se acusó a Chile de no ser generoso, de que actúa con soberbia, ¿qué imagen de esto le queda a la opinión pública de la región?
R.- Yo creo que se ha usado mucho esta percepción. En el contexto general, es una exageración pensar que se nos percibe como prepotentes, abusadores o poco generosos. Es cierto, y así lo reconocemos, que en el segmento de algunas sociedades, sobre todo de países con los cuales en el pasado hemos tenido problemas, tengan una percepción más negativa respecto a los chilenos, pero nosotros tratamos de hacer todo lo posible para revertir eso.

P.- ¿Esa percepción negativa en algunas partes se pudo haber exacerbado por la postura boliviana?
R.- No en otros países. En Bolivia sí, porque fue mucha la intervención mediática y eso de todas maneras impacta a la opinión pública.

P.- ¿Cómo vieron este conflicto los demás países de América Latina?
R.- No hay que confundirse: la opinión de los gobiernos, la opinión de toda nuestra región es que éste es un problema bilateral y no vamos a sacarlo de esa bilateralidad.

P.- Los viajes de los parlamentarios chilenos para explicar la opinión chilena, ¿no implican internacionalizar el tema y darle pie a Bolivia?
R.- No. Los parlamentarios chilenos van a los lugares donde los parlamentarios bolivianos también han ido. Nosotros no vamos y tomamos este tema como bandera, simplemente respondemos en cada parte en que ellos lo llevan. No se nos puede pedir que ellos sí salgan y nosotros nos quedemos en Santiago. Es un absurdo pensar que se multilateralice el tema, porque la suma de reuniones bilaterales no termina haciendo multilateral el asunto.

Silala

P.- En el caso del Silala ¿es definitivo que se recurrirá a peritos internacionales?
R.- Alguna conversación sostuvimos en lo que se refiere al estudio de peritos. Nosotros estamos absolutamente abiertos a hacer el estudio técnico acerca de si el Silala es un río internacional o una vertiente, como dicen ellos.

P.- Se ha señalado en Bolivia que son los privados chilenos los que tendrán que pagar por el agua que usen y que nuestro Gobierno está de acuerdo.
R.- Ha existido un poco de confusión. Tenemos la convicción, que está basada en referencias cartográficas, geográficas, de que el Silala es un río y no un manantial. Así se consideró hasta mediados de los años 90 cuando Bolivia disputó esa conclusión y dijo que era una vertiente y, que por lo tanto, tenía que ser tratado como aguas que son 100 por ciento bolivianas.

P.- ¿Quién paga?
R.- Cuando se dice quién paga el agua, evidentemente que son las empresas privadas, porque son los que hacen uso de ella. Pero tienen que pagar en la medida que nosotros lleguemos a un acuerdo con Bolivia de que el agua del Silala es un recurso compartido y, en ese sentido, si nosotros ocupamos la parte correspondiente a Bolivia, lo que se ocupa se paga.
 
Fuente: La Estrella de Arica