El mandatario guatemalteco anunció el levantamiento de la suspensión de la entrega del usufructo, durante 25 años, de 348 mil 171 metros cuadrados de terreno de la EPQ a TCQ, subsidiaria de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).
De hecho, anunció el mandatario, el martes 26 de marzo se entregó el usufructo a la compañía TCQ, la cual tomó posesión del terreno en el que se construirá un muelle y una terminal.
Pérez Molina afirmó que se había llegado a un acuerdo con los trabajadores y que cinco recursos en contra del negocio habían sido rechazados.
“Estábamos corriendo un riesgo de ser declarado un puerto lento, y esto sería resultado de las horas que les toca estar esperando a los barcos para poder descargar. Estábamos cerca de las siete mil horas por año de espera en promedio, lo cual nos representa Q70 millones de pérdidas (US$ 8,9 millones)”, aseguró el gobernante.
Otras razones
Al explicar el porqué del día para hacer el anuncio, el Presidente expuso que había plazos de las fianzas, que estaban por finalizar este mes.
En la conferencia de prensa, ofrecida en la Casa Presidencial, también estuvieron presentes el interventor de la EPQ, Allan Marroquín; el secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez; el embajador de España en Guatemala, Manuel Lejarreta; y un directivo de TCQ, presentado como Juan José Juárez.
Tiempos
Juárez explicó que a partir del martes recién pasado, cuando se tomó posesión del terreno, corren seis meses para presentar el diseño.
“Hay un plazo contractual, también de 30 meses, para terminar la obra, que nosotros confiamos que se pueda hacer en 24 meses sin ningún problema”, indicó.
“El proyecto consta de tres fases. Una inicial, con una inversión de US$120 millones y que incluye US$60 millones en infraestructura portuaria, muelles, explanada, edificio e instalaciones; y el resto, en maquinaria portuaria. Al final se invertirían US$250 millones”, expuso, en cuanto a los costos.
Oposición
Al principio de la conferencia, el mandatario mencionó que se había logrado un acuerdo con los trabajadores del Puerto Quetzal.
Sin embargo, después, Marroquín expuso: “Obviamente no podemos llegar a un acuerdo con el cien por ciento de los trabajadores, pero sí hemos logrado llegar a un acuerdo en el cual básicamente se cubren las preocupaciones de todos los trabajadores, que son estabilidad laboral, que el proyecto financieramente sea bueno para la EPQ y que tenga un marco jurídico adecuado”.
“Es imposible llegar con todos, pero básicamente sí. Tenemos la presencia del sindicato mayoritario, y el segundo sindicato”, resaltó el interventor.
Al ser consultado el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Puerto Quetzal, Lázaro Reyes, negó que los trabajadores apoyen la decisión de Pérez Molina.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Impulsaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance y que nos permita la ley. Haber anunciado esto en Miércoles Santo es una prueba de que el Gobierno esconde algo”, confirmó Reyes.
Acuerdo cuestionado
Los señalamientos en contra del negocio se deben a su celeridad y al secretismo con el que se firmó el contrato. El convenio se firmó el 11 de julio del 2012. El usufructo es por la entrega de 384 mil 171 metros cuadrados durante 25 años.
Al inicio no se hizo pública la firma, porque si no “se caía”, dijo en su momento el interventor de la Portuaria. El negocio se dio a conocer hasta el 2 de agosto y no por las autoridades, sino por diputados de Líder, que denunciaron un plan para privatizar el Puerto Quetzal.
Después se cuestionó por qué se eligió a la empresa española TCB y su subsidiaria TCQ, y no se hizo una licitación pública internacional. Trabajadores suspendieron labores durante varios días, por lo que se estableció una mesa de diálogo que sólo funcionó durante el 2012. Varios recursos legales contra el contrato se presentaron, pero fueron rechazados. Dictámenes de la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación favorecieron el usufructo.
Tiempo para terminar la obra
“Tenemos seis meses de diseño, 30 meses máximo de construcción. Sin embargo, estamos apuntando a que será en 24 meses”, comentó Allan Marroquín, interventor de la EPQ, sobre el tiempo en que buscan terminar la construcción del nuevo muelle y terminal para agilizar la atención a contenedores.
Sindicato afirma que accionará
Lázaro Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Puerto Quetzal, indicó: “No hemos hablado de la concesión desde septiembre del año pasado. Es una vil mentira que nosotros lo estamos apoyando. A todas luces es un negocio que le interesa al presidente”.
Líder considera contrato lesivo
Para el diputado Édgar Ajcip, del bloque de Líder, el negocio en Puerto Quetzal es lesivo para el Estado, porque, “si bien ahora, según Pérez Molina, se están perdiendo US$60 millones, la administración será privatizada y la otra empresa tendrá muchas ganancias”.
Fuente: Prensa Libre, Guatemala
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