Países del istmo centroamericano tendrían trabas para traslado libre de mercancías

A los consumidores en los países de Centroamérica se les encarece un cinco por ciento en promedio los precios de los bienes debido a los problemas y atrasos en las aduanas, informó a principio de la semana la Corporación de Agentes Aduaneros de Guatemala (CAAG).
 
A ese costo se le agrega otro treinta por ciento “extra” por las trabas sanitarias, fitosanitarias y las medidas no arancelarias que las aduanas, los ministerios de Salud y de Agricultura de los países aplican por su cuenta, de acuerdo al estudio “Medidas no arancelarias en Centroamérica: Incidencia económica y aumento de precios”, del Banco Mundial, publicado en septiembre pasado.
 
Con esto se concluye que importar y exportar mercancías desde Panamá hasta Guatemala y viceversa, resulta muy caro.

Los conductores de vehículos de transporte de carga, los agentes aduaneros, el comerciante, el productor, el exportador —sin distinción de tamaño—, parecen haber llegado al límite por enfrentar a un sistema ineficiente que les encarece los costos para hacer negocios.

En cada país las federaciones empresariales presionan a sus gobiernos para que se superen los obstáculos al comercio. Pero como la unión hace la fuerza, las Federaciones Centroamericanas del sector privado a través del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) recurrieron a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) para que actúe contra los obstáculos al comercio intercomunitario.
 
La matriz que el CCIE presentó a la Sieca resume los problemas transversales regionalmente que se sufren. Se incluyó las trabas por país en temas sanitarios y fitosanitarios, tránsito, disposiciones que contravienen el Tratado General de Integración Económica Centroamericana (TGEC) y las aduaneras.
 
El paso de las mercancías en el istmo se enfrenta desde cobros por servicios que no contemplan las normas, multas, retención de los productos y de las unidades de transporte cuando se aplican sanciones que violentan los procedimientos internos del comercio intrarregional, entre otros.
 
Por ejemplo en Panamá, en la Zona Libre de Colón no se le permite al transportista regional cargar libremente y tampoco ingresar a descargar. En la municipalidad de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, se cobra 15 dólares al transportista extranjero para que pueda pasar.
 
En los puestos fronterizos de Costa Rica hay nuevos cobros, siendo los más sensibles el impuesto de 20 dólares al año por vehículo para el programa de Seguridad Vial y otro tributo de salida de cinco dólares por personas en los puestos fronterizos terrestres. Se exige al transportista comprar seguro a terceros porque no se acepta la cobertura regional.
 
La cosa se complica en el territorio de Nicaragua. Entre las irregularidades está que la Aduana en Peñas Blancas retiene a todo transportista terrestre que sale del país el 20 por ciento del impuesto de renta sobre el valor del flete.
 
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) sustenta ante la Sieca que la DGA debe abstenerse de efectuar este cobro, “en vista que la legislación tributaria nacional establece que si no se hizo la retención al prestador del servicio, lo paga el contribuyente de manera solidaria”.
 
En el caso de El Salvador se creó una de las multas más grandes al transporte de carga, que es de 1.045,44 dólares “por llegar fuera de plazo o ruta fiscal aún con justificación de avisos ante autoridad competente, por causas de fallas mecánicas en los vehículos o accidentes”.
 
Los empresarios de El Salvador exigen a su Gobierno respetar al Reglamento Centroamericano de Tránsito y eliminar las multas por arribos fuera de plazo en los casos en que son justificados, así como la discrecionalidad del funcionario en aplicarlas.
 
En Honduras y Guatemala se agrega peso al ya costoso sistema de trámites del comercio regional. Uno de los casos en Honduras es la multa de 300 dólares cuando el funcionario de Aduana alega “aparente ilegibilidad de la factura asociada al tránsito o falta de escaneo de algún documento que se adjunta a la Declaración Única de Transporte (DUT)”.
 
Entre las trabas en Guatemala se destaca que cuando surgen dudas de valor o por clasificación de las mercancía el personal aduanero hacen un requerimiento de información en donde piden más de 15 documentos, para que al final dejen libre la mercadería, y este proceso puede tardar hasta una semana.
 
En la matriz de obstáculos del CCIE el empresariado incluye propuestas de soluciones que se resume a que los funcionarios públicos se apeguen al correcto cumplimiento a las normas internas así como a las regulaciones adoptadas por los Estados como parte del proceso de integración de Centroamérica.
 
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, precisa que aumentan la presión al elevar las quejas también al Consejo de Ministros de Economía y Comercio de Centroamérica (Comieco) y a la Unión Europea (UE).
 
A estos dos últimos órganos advierten que si las trabas persisten, difícilmente se concretará la Unión Aduanera del istmo y por tanto el Acuerdo de Asociación (ya vigente con cinco países) con la UE, no mejoraría el comercio entre las regiones, como se ambiciona.
 
“Estamos trabajando con todos los organismo para encontrar respuestas en un corto plazo”, dijo Aguerri, también presidente del CCIE.

Nicaragua debe revisar ayuda

América Latina recibe el siete por ciento de la distribución de ayuda para mejorar el comercio a nivel mundial de organismos internacionales y cooperantes bilaterales. Entre las subregiones, Centroamérica recibe el diez por ciento, según se expuso la semana pasada en el seminario sobre cómo facilitar integración de la región a la economía global por medio de programas de ayuda al comercio.

José Durán Lima, oficial de Asuntos Económicos de la Cepal, indicó que Nicaragua recibe “por lo menos como 230 millones de dólares y es entre el 1 y 2 por ciento del total que recibe la región” para mejorar el esquema de su comercio; desde la parte de infraestructura a la administrativa.

Durán dice que Nicaragua recibe incluso mucho más de lo que los cooperantes le comprometen, por ejemplo, en infraestructura.

¿Cuál ha sido el impacto de esa ayuda? Durán dice que esa evaluación no se ha hecho, pero hay un debate sobre esto, ante el interés de los donantes que la ayuda económica que dan sea “bien absorbida, aprendida y efectiva”. Por el lado del receptor, el interés es focalizarla en el desarrollo nacional.

El desafío está —afirma— en que los países deben autoevaluarse. En el caso de Nicaragua, indica que la ayuda al comercio que se recibe debe focalizarse en resolver los cuellos de botella ya identificados.

Durán recuerda que siendo un país exportador de productos agrícolas el déficit está en cumplir los mecanismos sanitarios y fitosanitarios para aprovecharse de las ventanas que abren los acuerdos de libre comercio.

Fuente: La Prensa, Nicaragua