A cuatro meses de su hundimiento, el navío chileno Vicuña ha sido rescatado desde las aguas del puerto de Paranagua, en Brasil, tras haber protagonizado una de las mayores tragedias navieras de los últimos años en el país más grande de Sudamérica.
La nave, de 150 metros de largo, fue subida a la superficie tras permanecer hundida desde noviembre pasado en el terminal Cattalani, a través de una operación parcelada, que requirió segregar en al menos 15 partes la pesada embarcación.
A la fecha no se ha logrado establecer las causas del gigantesco accidente. Algunas de las hipótesis, sin embargo, apuntan al surgimiento de una chispa en tierra que habría alcanzado rápidamente el combustible que en ese momento desembarcaba la nave.
La investigación actualmente se encuentra en manos de la justicia de Brasil, entidad que se encargará de determinar causales y responsabilidades de los empleados de la empresa que al momento del siniestro manipulaban combustible.
Una primera propuesta de indemnización para los familiares de los tres tripulantes chilenos que fallecieron durante la explosión de la motonave Vicuña, en Brasil, entregó la sociedad administradora de la embarcación, Naviera Humboldt Shipmanagement.
El ofrecimiento, que alcanza los 60 millones de pesos, incluye el pago de los seguros de accidente de cada uno de los tripulantes y un monto adicional acordado bajo la forma de reparaciones a las familias del superintendente Juan Carlos Sepúlveda, el tripulante Ronald Peña y el electricista Eduardo Obreque, quienes se encontraban trabajando sobre la cubierta de la embarcación, dirigiendo faenas de descarga de combustible.
Esta cifra sería la base de la negociación que ha iniciado la empresa con cada una de las familias a través de reuniones que, por separado, han mantenido con ellas, puesto que el monto final de la reparación, según relataron fuentes de la naviera, se ha calculado de manera diferenciada y proporcionales a los sueldos de cada una de las víctimas.
Toda la información respecto de los pagos ha sido manejada con total hermetismo por parte de la empresa y acordada tras reuniones con representantes ejecutivos de la naviera en el extranjero. "Esto para evitar que puedan filtrarse y se origine un debate entre las diferentes familias en caso que los pagos no sean similares", informó una fuente cercana a la naviera.
Durante este tiempo la empresa ha costeado algunos anticipos y ayudas provisorias a los familiares, quienes han mantenido continuo contacto con la naviera mientras se afinaban los totales de la primera propuesta de pago, a la espera de la cotización que debían entregar los seguros mutuales internacionales que reúnen a las empresas de armadores. Además, se les solicitó reunir una serie de documentos para acreditar los vínculos sanguíneos, condición socioeconómica y certificados de los tripulantes.
Cercanos a los tripulantes declinaron referirse a la propuesta de indemnización, pero aclararon que será un tema que estudiarán durante los próximos días con apoyo de asesoría legal.
Millonarias multas
El accidente, que cobró, además, la muerte de un tripulante transandino cuyo cadáver no ha sido hallado, se produjo el 16 de noviembre pasado en el terminal Cattalani del puerto de Paranagua, en Brasil, cuando el buque chileno Vicuña explotó sorpresivamente mientras descargaba el combustible que portaba.
Además de daños en el terminal portuario, el estallido provocó el derrame de 4.000 toneladas de metanol, 116 toneladas de diésel y 2.240 de combustible marítimo en un radio de seis kilómetros en el mar y por una extensión de 20 kilómetros desde el puerto, alcanzando islas ambientalmente protegidas.
Esto suscitó graves conflictos con las autoridades ambientales brasileñas, por configurarse como la mayor emergencia ecológica sufrida en los últimos 20 años y severos daños económicos al puerto de Cattalini, a causa de la total paralización del terminal marítimo.
Las pérdidas para los dueños de la nave aún no se calculan totalmente. Sólo el barco estaba avaluado en mas de 25 millones de dólares y a ello se le suma el pago de 1.200 reales (cerca de 500 dólares) a cada uno de los 1.400 pescadores que vieron afectadas sus faenas por la prohibición de faenar en la contaminada zona, según informó la prensa de Brasil.
Esta indemnización, que se eleva a 700 mil dólares, habría dejado insatisfechos a otros 900 pescadores, quienes se encontrarían buscando una salida judicial.
Además, en febrero pasado el juez de Paranagua, Fernando Andriolli, habría pactado un acuerdo cercano a los siete millones de dólares como fondo de depósito judicial a la compañía Ultragas.
Fuente: La Tercera
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