Terminal Puerto Rosario, que obtuvo la concesión en 2002 de la explotación de las terminales 1 y 2 por un lapso de 30 años, fue intimada por el Estado santafesino, a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), a pagar una deuda de 8.756.273 pesos, "en concepto de impuesto de Sellos, intereses resarcitorios e intereses punitorios".
En la resolución que emitió la API, que fue publicada esta semana en el Boletín Oficial de la provincia, se intima para que "dentro del plazo de 15 días de efectuado el ingreso para cancelar la deuda fiscal exigida, exhiba o remita las constancias" al organismo recaudador.
Si no ocurriera el pago reclamado, la resolución de la API advierte que Terminal Puerto Rosario deberá "soportar la carga de los costos y costas judiciales que se irroguen en el juicio" en su contra en los Tribunales de Rosario.
La resolución de la API se conoció esta semana a través de la publicación en el Boletín Oficial, pero fue firmada el 5 de noviembre pasado por las autoridades que estaban al frente de la API.
Fuentes del organismo recaudador señalaron que la abultada deuda pertenece al rubro impuesto de Sellos y accesorios que la concesionaria no pagó, cuando se hizo cargo de las terminales, cuyo contrato (por 30 años) se firmó el 16 de octubre de 2002, luego de la polémica salida del consorcio integrado por los filipinos International Container Terminal Services (ICTSI) y Cosme María de Aboitiz, que se había quedado con la concesión en 1998.
Historia de incumplimientos
El Enapro es el organismo que desde el 31 de octubre de 1994 administra y explota el puerto de Rosario, luego del proceso de desregulación que se inició durante la década menemista. En el 2000, esa entidad les retiró la concesión a los filipinos por incumplimiento en el pago del canon trimestral de 971.630 de pesos, y también después del desgaste que generó el extenso paro de los trabajadores portuarios.
Según se esgrimió en aquella época, el contrato de concesión estipulaba que, de registrarse el incumplimiento de pago de dos cánones, se configuran las causales de rescisión.
Luego, en el 2001, el Enapro inició un nuevo proceso licitatorio y, en el 2002, la empresa Terminal Puerto Rosario SA se adjudicó la concesión de las terminales 1 y 2 por 30 años. La gestión del puerto había quedado a cargo del "know-how" del puerto de Tarragona, algo que se presentaba como un aporte fundamental al emprendimiento, ya que los españoles aportarían una historia centenaria en el manejo de un puerto.
Pero todo no resultó como se pronosticaba en ese momento, ya que los tarraconeses se presentaron en 2005 ante la Justicia rosarina, donde denunciaron a su contraparte local por realizar una maniobra societaria que le permitió quedarse con la mayoría accionaria en desmedro de las firmas extranjeras.
En marzo de 2005, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), Joseph Antón Burgasé, ya había dado por concluidas las relaciones con las terminales de Rosario.
A la par, en abril de 2005, ingresó al directorio del puerto el empresario Orlando Vignatti, quien desde ese momento es director titular y vicepresidente, elegido por asamblea el 7 de abril del 2005.
Inversiones anunciadas
Sin los catalanes, Terminal Puerto Rosario siguió a cargo de la concesión y anunció fuertes inversiones, incluso en el negocio de los biocombustibles, con la construcción de una planta, cuya inversión sería de 40 millones. Esta semana se conoció que Terminal Puerto Rosario -cuyo predio posee una superficie de 70 hectáreas- se asoció a Raiser para hacerse cargo de la operatoria de fertilizantes, granos y azúcar en el puerto local, un negocio que quieren desarrollar fuerte y por eso arrancan con una millonaria inversión en ampliación de infraestructura y mejora de la capacidad operativa.
El contrato entre Terminal Puerto Rosario y Raiser, que se firmó el 2 de enero pasado, creó Terminal Granelera SA, la sociedad anónima que operará y desarrollará el negocio de esas estratégicas cargas. El presidente de Raiser es Osvaldo Sortino y quedó como titular de la flamante sociedad, mientras que Guillermo Salazar Boero, el número uno de TPR, figura como director.
Demanda catalana
El titular de la autoridad portuaria de Tarragona -ex socio de los administradores rosarinos- había denunciado que el organismo a su cargo, que es un ente público en España, había gastado 120 mil euros en una serie de misiones comerciales a Rosario que no rindieron ningún fruto para el Estado catalán, y le reclamó al concesionario Puerto Rosario SA (integrado por seis firmas de Barcelona, la rosarina SGA y la uruguaya Losster Company) la devolución de 98 mil euros que la APT le prestó al grupo oferente para que se quedara con la licitación del puerto local por 30 años, según publicó en su momento el periódico catalán Diari de Tarragona.
Fuente: Diario El Litoral, Argentina
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