Una empresa en estado terminal, que no es capaz de producir ni un peso por sí misma y con multimillonarias pérdidas. Esa la radiografía que muestra el último informe de la Contraloría respecto a EFE, donde por primera vez se entrega un sinceramiento global de sus estados financieros.
El documento -que publica en su totalidad El Mostrador.cl- revela graves anomalías, millonarios créditos pendientes con bancos y entidades financieras extranjeras, problemas de administración, incumplimiento de las metas de gestión y una deuda acumulada de más de $6 mil millones de pesos, junto a otros flujos negativos de sus empresas asociadas, “que continúan en período de desarrollo y aún no generan sus propios ingresos, no obstante haber transcurrido más de 10 años desde su creación”.
Se suman también cuatro entidades distintas que la indagan por delitos y anomalías cometidas por ex funcionaros: el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Ministerio Público y un ministro en visita del sistema de justicia antiguo.
Y como si se tratara de una tragicomedia, hasta la Tesorería General de la República le embargó una cuenta corriente del Banco de Chile por cuentas impagas con el mismo Estado por $ 236 millones. Para saldarlas, EFE propuso como caución un bien mueble o inmueble, con tal de liberar el producto financiero.
Así, en 59 páginas, divididas en cinco anexos, el organismo fiscalizador llega a una dura conclusión sobre EFE: “En cuanto al rendimiento sobre la inversión, se puede observar que EFE no tiene la capacidad de producir utilidades sobre sus activos totales disponibles, lo que muestra que la empresa necesita de los aportes financieros del Fisco para hacer frente a sus flujos de caja”.
Sin decreto supremo
Tanto en el gobierno de Lagos, con Luis Ajenjo a la cabeza de EFE, y durante Bachelet con Jorge Rodriguez Grossi en ésta última etapa, se intentaron planes con el objetivo de que la estatal repuntara no sólo en generación de dinero propios, sino también en la calidad de servicio que, como se ha observado en los últimos años, ha sido un completo fracaso con trenes que descarrilan y tramos inservibles en el sur del país.
Al respecto, el informe de la Contraloría revela que la iniciativa comprendida entre 2003 a 2006 -que contempló una inversión total de US$ 1.052 millones- “no se concretó”, según lo revela un oficio de la propia estatal, “y no se dictó el Decreto Supremo correspondiente como establece la Ley Orgánica de EFE”.
Durante la administración Bachelet las cosas tampoco han mejorado. El Plan Trienal 2006-2008 fue presentado por la estatal para su aprobación al Sistema de Empresas Públicas (SEP), al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, “sin que en definitiva haya llegado a término su tramitación”.
La misma empresa responde a la Contraloría: “El mencionado plan se encuentra actualmente en la Subsecretaría de Transportes con observaciones por inconsistencias de carácter técnico-económicas, las cuales fueron informadas al subsecretario de Transportes de la época, no existiendo por parte de EFE, conocimiento sobre alguna actuación formal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre la materia”.
Otro acápite en que el órgano revisor pone énfasis es que entre 2006 y 2007, la presidencia del directorio de EFE “ha sido asumida por cuatro presidentes distintos”. Los últimos nombrados fueron Vicente Domínguez y el actual Jorge Rodríguez Grossi. Para el caso de los gerentes la figura se repite.
Al respecto, en un informe realizado por el Sistema de Empresas del Estado sobre el Avance de Cumplimiento del Convenio de Programación 2006, éste señala que los cambios en la administración de EFE “han provocado un alto nivel de incumplimiento en sus compromisos de gestión”.
En todo caso, actualmente, de acuerdo a la 18º sesión del directorio de la estatal, la empresa desarrolla una nueva estructura orgánica, “basado en un modelo de empresa eficiente, el cual considera la división de EFE en unidades de negocios para su mejor gestión, teniendo como principal objetivo lograr una prestación eficiente de servicios y la adecuada recuperación de los costos de los mismos con una gestión transparente y sujeta a una debida rendición de cuentas”. Todo lo anterior debe ser, sin embargo, aprobado por el gobierno.
Fuente: El Mostrador
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