Un temporal de enormes proporciones generó el anuncio del Ministerio de Economía de transformar en un proyecto de ley, la medida 18 de su agenda, que pretende darle un impulso a la competitividad del país y abrir el transporte marítimo de carga (cabotaje) a naves extranjeras.

Actualmente, salvo algunas excepciones, por ley, el transporte de carga entre puertos nacionales está reservado a las naves de bandera chilena.

Según el Gobierno, "esto ha evitado que los dueños de la carga accedan a tarifas más competitivas que podrían ser ofrecidas por buques de bandera extranjera navegando en aguas chilenas". De hecho, en 2010, sólo el 0,3% del total de carga de cabotaje fue transportada por naves extranjeras.

De ahí que, a juicio del Ministerio de Economía, la solución pase por levantar esta restricción legal "con las debidas precauciones en cuanto a seguridad del servicio y tratamiento tributario".

Sin embargo, la medida tiene a los navieros nacionales en medio de un temporal.

¿Problemas de guerra?

Tanto la ANA (Asociación Nacional de Armadores), como Armasur (Asociación de Armadores del Sur) han hecho ver a las autoridad des Gobierno las apreciaciones y, sobre todo, lo inconveniente de abrir las aguas chilenas unilateralmente a naves extranjeras. Pese a ello, no han sido escuchados.

Los argumentos de los navieros chilenos se centran no sólo en aspectos económicos y sociales, sino que también estratégicos en materia de seguridad nacional.

Esto se debe a que la Ley de Navegación, establece que "los capitanes y las dotaciones de todas las naves o artefactos navales forman parte de la Reserva Naval de la República, y se incorporarán al servicio activo en caso de guerra".

Entendidos en el tema, explican que las naves nacionales tienen "asignado" por parte de la Armada las pinturas que recibirían en caso de conflicto, ya que serían utilizadas para transporte de tropas. La duda es saber qué pasaría si estas naves fueran extranjeras.

Esta es una de las razones por las que prácticamente ningún país en el mundo abre su cabotaje, a no ser que se trate de una medida recíproca.

La marina mercante nacional genera 20 mil empleos directos e indirectos. La cadena productiva no sólo involucra a armadores y tripulaciones, sino que también a astilleros, agencias, escuelas de formación, puertos y un largo listado de proveedores.

En el sur de Chile

A nivel regional (sur de Chile), Armasur integra a 22 empresas, que generan trabajo para 6 mil 700 personas, con una flota de 137 naves mayores y 9 terminales marítimos.

Manuel Bagnara, gerente de Armasur, aclara que la medida no fue "de común acuerdo", como informó el Ministerio de Economía, y explica que los cuestionamientos de sus asociados se centran en la competencia desleal que significaría el ingreso de naves extranjeras, especialmente aquellas que usan bandera de conveniencia.

El uso de estos emblemas implica que las naves se rigen por las leyes del país al que pertenece el pabellón. Y, en algunos casos, esos países ofrecen ventajosos regímenes tributarios y normas laborales menos exigentes que las nacionales.

Sólo considerando esos dos aspectos, los costos de operar naves con bandera de conveniencia bajan en relación a las naves chilenas. "En el caso de Panamá, no pagan impuesto a la renta. Sus estándares laborales, son subestándares comparados con los chilenos. Sus costos son bastante más bajos", dice Bagnara.

Comparación

Un estudio realizado por la ANA, comparó los costos de operar bajo bandera de Liberia y con el emblema nacional. Sólo considerando las tripulaciones, las diferencia es de 30 mil dólares en favor de Liberia. A la vez, mientras el buque chileno debe pagar US$ 2 mil 300 mensuales en gastos administrativos, en Liberia cero y el "costo de registro inicial" de la nave en Chile es de US$ 11 mil . ¿En Liberia? Cero.

"Se habla de un 20 a 25 por ciento de menor costo el operar con banderas de conveniencia que con una nave nacional. Por algo se usan estas banderas, para bajar costos", dice Héctor Henríquez, gerente de Navimag.

El ejecutivo, quien asegura que buena parte de las autoridades locales -como la inspección del trabajo- no tendrían competencia para fiscalizarlas, cree que abrir el cabotaje podría ser visto por empresas chilenas como una oportunidad de bajar costos, contratando tripulaciones extranjeras en perjuicio de los trabajadores nacionales.

Orlando Almonacid, presidente de Armasur, dice estar decepcionado con el anuncio, especialmente porque tuvieron reuniones con Economía en las que le explicaron la inconveniencia de abrir el cabotaje. "No es una medida bien pensada, es una medida más política. Perfectamente se pudo haber mejorado la competencia tomando algunas medidas administrativas, debieron haber partido por ese lado", dice.

Modificaciones

El gerente de Armasur cree que si se quiere mejorar la competitividad, lo primero que debería hacer el Gobierno es modificar una serie de costos burocráticos, como el que deben pagar por embarque, por cargar combustible, por faros y balizas, por muelle, por revisión de trinques, entre otros. "Tenemos un serie de costos que nos hacen más caros los fletes. Por ejemplo si te demoras un día en pagar una cuenta de embarque son 0,5% de multa por día. Hoy la marina mercante nacional no es competitiva por la cantidad de costos que tiene", reclama.

Prácticamente todo el sector dice estar de acuerdo en competir con las naves extranjeras, pero en igualdad de condiciones.

Alejandro Tenorio, presidente del Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral (Siomma), también dice estar "en contra de la apertura del cabotaje".

El dirigente asegura que esta administración tiene el diagnóstico, pero quiere darle un remedio no adecuado".

Tenorio explica que "el 95 por ciento de los países del mundo resguarda su cabotaje interno con normas muy rígidas y fomentan su marina mercante mediante la reservas de sus cargas a sus nacionales. Si bien puede haber convenios bilaterales, estos son bajo el concepto de reciprocidad. En cualquier país de América del Sur, un chileno no puede hacer cabotaje y es impensable ir a Europa que tiene normas muchos mas estrictas".

Por ello, el dirigente reitera que se trata de una "medida sin precedente en la historia de Chile".

Fuente: El Llanquihue de Puerto Montt