El Gobierno de Chile redactó una declaración pública respecto a una serie de interpretaciones que desde Bolivia se realizaron durante la última semana acerca del Tratado de 1904 entre ambas naciones, a propósito de las tarifas portuarias para las exportaciones de Bolivia.
En el documento el Gobierno de Chile detalla una serie de puntos en los que considera que la administración de Evo Morales está realizando "reclamos infundados" sobre el libre tránsito por los puertos de Antofagasta y Arica.
Acerca de la pretensión boliviana que Chile asuma toda inversión para atender la carga boliviana por los puertos, se aclaró que "no existe tal obligación en el Tratado de 1904" y en cuanto a la aplicación de la normativa de seguridad y ambiental, el Gobierno expresó que "el gobierno de Bolivia pretende que el Estado de Chile deje de velar por la protección ambiental de la población, la seguridad de las personas y el combate al delito internacional".
Respecto a la polémica por el incremento de la tarifas, la declaración señala que "un derecho de libre tránsito no es un derecho a la gratuidad en los servicios portuarios, ni tampoco que las tarifas requieran del consentimiento de Bolivia".
Tema tarifario
La declaración, cita el reclamo del Gobierno de Bolivia sobre un incremento de las tarifas en los puertos de Antofagasta y Arica que afectan a su comercio exterior, así como su derecho de libre tránsito otorgado por el Tratado de 1904, y su exigencia de que Chile establezca las tarifas de los servicios portuarios de común acuerdo. Al respecto, se señala que “es necesario dejar en claro que un derecho de libre tránsito no es un derecho a la gratuidad en los servicios portuarios, ni tampoco que las tarifas requieran del consentimiento de Bolivia. Nada de eso deriva del Tratado de 1904”.
La declaración indica además que “las tarifas que aplica el puerto de Antofagasta a la carga boliviana son reducidas en comparación con los otros usuarios del puerto. Algunas han experimentado alzas muy moderadas e incluso otras han disminuido su valor, como la de uso de muelle a la nave, que pasó de US$2,15 en 2015 a US$2,11 por metro eslora en 2016”, por lo que se afirma que lejos de haber discriminación, lo que hay un es un trato preferente”.
También la declaración se refiere a las tarifas que han sufrido un incremento en el puerto de Arica, en un promedio de 10,72%: “Algunas de estas tarifas para la carga de importación no se reajustaban desde el año 2014. Se intentó consensuar el reajuste con Bolivia, pero la Administración de Servicios Portuarios de ese país rechazó finalmente el reajuste que en principio ella misma había propuesto”.
Acopio de minerales
Frente a la queja boliviana sobre el supuesto “trato discriminatorio” por “el uso de nueva tecnología para el transporte de minerales en el puerto de Antofagasta, que ha dispuesto el uso de “contenedores volteables” o “rotainers”, la declaración indica que es deber del Estado de Chile “velar por la calidad del ambiente de la ciudad y su población”.
En cuanto al reclamo sobre la supuesta prohibición de que “el mineral boliviano se almacene a granel en el puerto de Antofagasta”, a diferencia de la carga chilena, se aclara que “los concentrados minerales chilenos que se embarcan regularmente por el Terminal Embarque Graneles Minerales se encuentran sujetos a las mismas condiciones de los concentrados bolivianos. “La excepción son los concentrados minerales de Minera Sierra Gorda, empresa que estuvo dispuesta a invertir US$65 millones para la construcción de una bodega que emplea la última tecnología para el acopio ambientalmente seguro de concentrados minerales en un espacio que no supera las 0,7 hectáreas”.
Respecto a la decisión de que “Bolivia no puede acopiar concentrados de zinc en instalaciones cercanas al puerto, desplazando la carga boliviana a 35 kilómetros”, el Gobierno de Chile indicó que “Bolivia no puede pretender que se siga acopiando zinc en medio de la ciudad, con evidente daño a la salud de las personas”.
Respecto a la afirmación del Gobierno de Bolivia, referida a que las huelgas o paros que se han producido en los puertos chilenos constituyen una violación de su libre tránsito. La declaración apunta que “El gobierno de Bolivia pretende que su derecho de libre tránsito implica la obligación de Chile de impedir toda huelga o paro por los trabajadores portuarios chilenos”.
Finalmente, el documento afirma que “el régimen de libre tránsito otorgado por Chile a Bolivia hace más de un siglo, que le dio acceso al mar, no significa que el Estado de Chile renuncie a su obligación de salvaguardar la salud de su población, el cuidado del medio ambiente y la regulación de las faenas portuarias”.
Por MundoMarítimo
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