En un fallo que marca claramente un precedente en todo Chile, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió la demanda presentada por tres armadores fluviales de Valdivia en contra del Fisco y la Sociedad Marítima y Comercial Somarco Limitada, por las tarifas que esta última cobraba a cada barcaza que recalara en la rampa de vehículos de Niebla, Valdivia.

El recurso en cuestión fue presentado por las empresas: Naviera Valdivia Limitada, Comercial Selva EIRL y Ricardo da Bove Fierro, quienes con esta resolución judicial consiguieron suspender y recalcular la tarifa que Somarco les cobraba por hacer uso de la rampa en Niebla y obligará a que el Estado revise los contratos de concesiones que diseña para la utilización de bienes de uso público.

Datos del fallo

El tribunal estimó que el Fisco de Chile -a través del ministerio de Obras Públicas- y Somarco, incurrió en prácticas que dañan la libre competencia y por ende a las empresas navieras que realizan el transbordo desde Niebla hasta Corral, ya que Somarco fijó tarifas de atraque altísimas, con el objetivo de excluir a las pequeñas empresas del rubro.

A través del fallo, el tribunal precisó que el ministerio de Obras Públicas diseñó y adjudicó una licitación que incluía el servicio de transporte marítimo fluvial entre Niebla y Corral, en condiciones que permitía a Somarco a cobrar una tarifa ($25.000 + Iva) que excluyó a otros competidores en dicho mercado.

En esta línea el tribunal subrayó que esta tarifa produjo efectos contrarios a la libre competencia, "pudiendo libremente haber establecido una que no excluyera o tendiese a excluir a sus competidores".

Ante esta seguidilla de hechos, el TDLC ordenó a Somarco fijar una tarifa que no produzca efectos excluyentes de competidores y que se encuentre justificada en costos. Por otro lado ordenó al Fisco que después del vencimiento del contrato, y para el evento de realizar una nueva licitación para la conexión Niebla-Corral, los ministerios correspondientes deberán optar entre dos opciones: licitar por separado o adjudicar a personas diferentes los servicios portuarios y de transporte relevantes; o bien en caso de optar por un esquema como el actual, obligar al concesionario a ajustar una tarifa de recalada al valor que resulte de dividir los costos y las inversiones totales en que deba incurrir y realizar el concesionario para la mantención, conservación y explotación de las obras portuarias para el atraque de embarcaciones en las rampas de Niebla y Corral.

Concesión otorgada

El 27 de marzo de 2009, el Estado entregó a la empresa Somarco la concesión por 5 años del "Servicio Integral para el Transporte Fluvial y Lacustre de la Región de Los Ríos: Lago Pirihueico, Lago Ranco y Conexión Niebla Corral".

De esta forma y por medio de un contrato diseñado por el ministerio de Obras Públicas, Somarco se hizo de la administración de tres barcazas: Cullamó (Niebla-Corral); Hua-Hum (Puerto Fuy-Puerto Pirehueico) e Epu Huapi (Futrono-Isla Huapi) y también seis rampas de recalado en diferentes lugares de la región de Los Ríos: Niebla, Corral, Carbonero, Futrono, Isla Huapi y las que actualmente se construyen en el Lago Pirehueico.

Cabe destacar que en el caso de la rampa de Niebla -construida en el 2002- su uso fue libre y gratuito para los armadores privados, hasta el momento en que Somarco tomó la administración de las infraestructuras portuarias.

Sin embargo, las bases de licitación que rigen el actuar de la empresa Somarco, establecen una tarifa máxima por recalada de naves de terceros o por uso de la infraestructura portuaria, que asciende a 25 mil pesos más Iva.

Jorge Larraín, propietario de las barcazas Selva y Pitipulla, precisó durante el 2008 junto a Ricardo da Bove hicieron presente al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de aquella época, Óscar Díaz, que las tarifas máximas por recalado eran económicamente inviables.

"Eso se sabía desde antes que se firmara el contrato. Nosotros se lo dijimos cuando se hicieron las primeras reuniones para informar a todos los actores involucrados, pero las autoridades de aquella época no nos escucharon", dijo el propietario de la barcaza Selva.

Larraín añadió que las tarifas fijadas por el contrato gubernamental y aplicadas por Somarco eran tan altas, que con el dinero generado en un viaje Niebla-Corral a máxima capacidad, sólo era posible pagar el derecho a recalado en ambas rampas. "Con lo que pagaban todos los vehículos que podíamos embarcar en una barcaza, sólo alcanzábamos a cubrir esos gastos ¿Y qué pasaba con el combustible, sueldos, mantención?", puntualizó Larraín.

"El contrato que firmó Somarco con el Estado autorizaba a cobrar ciertos montos. Pero este contrato estaba tan mal hecho que los autorizaba a cobrar un máximo que a nosotros nos excluía del mercado y ellos aplicaron ese máximo con el fin de excluirnos del mercado", subrayó.

Ricardo da Bove Fierro, dueño de las barcazas Masisa y de la ex Mariela, señaló que haber ganado este litigio fue haberle ganado a un monstruo. "Nosotros no estamos en contra de que funcione la barcaza Cullamó, todo lo contrario, nunca nos hemos opuesto a que funcione, lo único que nosotros siempre pedimos fue igualdad de condiciones para competir", aseveró.

Implicancias a futuro

Germán Aravena y Alejandro Durán fueron los abogados de las empresas navieras recurrentes ante el TDLC.

Aravena explicó que el gran problema en esta situación se manifiesta en la forma en cómo se hacen las políticas públicas. "Aquí se levantó este proyecto desde alguna oficina del Mop en Santiago. Luego los empresarios locales le hacen ver las autoridades locales de la época que esto no resiste análisis y que no es posible", explicó.

Aravena agregó que "aquí toda la intención que había era entregarle toda la conexión Niebla-Corral a este concesionario. Por eso establecieron estos precios de uso de rampas y es por eso que subsidian el transporte de pasajeros para que los lancheros tampoco puedan competir. (...) Luego cuando comenzó el nuevo gobierno, en 2010, le hicimos ver a las autoridades que este contrato generaba problemas sociales y comerciales a gente que había desarrollado la conexión, los lancheros y los armadores. Todo eso se hizo, pero nadie quiso hacer nada. Ninguna autoridad política de este gobierno puede excusarse de no saber nada".

Fuente: Austral de Valdivia