La iniciativa del Gobierno de Panamá de llevar adelante, por conducto de la Autoridad del Canal de Panamá, la ejecución de un proyecto portuario para buques portacontenedores en Corozal, en las riberas del Canal, ha provocado una ofensiva contra el proyecto por Panama Ports Company (PPC), operador de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Visiblemente interesada en lograr el control de ese valioso terreno de unas 120 hectáreas con vocación portuaria y logística, PPC alega que la terminal crearía un cuello de botella en el área.
En realidad, aspira a que le cedan esos terrenos para “logística”, lo que en la práctica significa utilizar la poca tierra que queda con acceso al mar en Balboa para bodegas y actividades que muy bien pueden ubicarse en otro lugar. En pocas palabras, intenta consolidar el monopolio de la explotación de nuestro principal recurso, la posición geográfica, en un área estratégica como lo es la entrada pacífica del Canal.
Pero, ¿tiene autoridad moral para aspirar a ello, una empresa que luego de proponer en 1997 el pago de US$ 22.2 millones de anualidad fija y una anualidad variable equivalente al 10% de sus entradas brutas, usó todas las artimañas a su disposición para lograr que, en 2002, el gobierno de Mireya Moscoso le eliminara de un plumazo esos pagos que totalizaban unos US$ 30 millones anuales? Lo peor es que ese despojo se realizó mediante una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) que modificó los términos del contrato ley No. 5 de 16 de enero de 1997. ¿Puede aspirar legítimamente a ampliar su concesión una empresa que se ha negado a pagarle dividendos al Estado panameño sobre sus ganancias, desde que inició operaciones en 1997 alegando que ha reinvertido esas ganancias? Vale decir que las otras empresas mixtas en las que el Estado tiene acciones, jamás se han negado a pagar los dividendos que corresponden al soberano a pesar de haber incurrido en altísimas inversiones. Ante tal experiencia, el Gobierno pecaría de ingenuo, o daría lugar a fundadas suspicacias, si accede a la aspiración de PPC.
En el escenario descrito, considero que ni el gobierno ni la junta directiva de la Autoridad del Canal deben ceder ante las presiones que está ejerciendo PPC. De hecho, esta oposición a que se instale un puerto competidor debe despertar de manera urgente las alarmas del Gobierno, pues subordinar una vez más los intereses del Estado a los de esa empresa equivaldría a otorgarles una nueva equiparación. Recordemos que con el gobierno de Martín Torrijos, PPC logró parar la construcción del megapuerto, en base a subterfugios legales.
Todas las principales navieras usuarias del Canal están urgiendo nuevas terminales portuarias en Panamá. Cualquier posibilidad de crecimiento real de un sector tan pujante como el marítimo depende de la construcción de nuevas terminales y de la operación más eficiente de las mismas. La competencia es necesaria para mejorar el servicio y los precios, todo lo que redunda en beneficio para clientes y usuarios, al igual que para Panamá.
Merece un reconocimiento la posición de la Cámara Marítima de Panamá, que ha expresado su respaldo a la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico, que daría más confiabilidad a la ruta panameña en el caso de que se repitan huelgas como la que sufrió hace poco el puerto de Balboa. Sería increíble entonces que las voces de la mayoría de un sector sean ignoradas para satisfacer intereses particulares y el temor a la competencia.
Una de las más acertadas decisiones del presidente de Panamá, Martinelli fue la de conformar el Gabinete Logístico, precisamente para impulsar el desarrollo de este importante sector. Entonces, resulta increíble que una empresa privada, con intereses muy concretos, trate de obstaculizar una decisión de Estado y, peor aún, de impedir un estudio sobre el tema, que es lo que en la actualidad ha comenzado a realizar la Autoridad del Canal.
En honor a la objetividad, hay que reconocerle a PPC el mérito de haber convertido a Balboa en el principal centro de acopio y transbordo de carga del litoral pacífico de las Américas. Pero de ello a entregarle el valioso patrimonio que tiene Corozal hay una enorme distancia. La ACP estaría en mucha mejor condición para desarrollar esa área y aportar a Panamá y los panameños lo que les corresponde por la apropiada explotación de nuestra posición geográfica. Hay que recordar que la zona de tránsito multiplicará su potencial una vez entre a operar el Canal ampliado en 2015.
Panamá no se puede dar el lujo de negarse a desarrollar mayores terminales portuarias ante el incremento de la carga que va a significar los nuevos flujos de comercio que se activarán con motivo de la ampliación. Es un asunto de Estado, y ningún interés particular debe primar sobre este gran objetivo nacional.
Fuente: Diario Prensa, Panamá
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