Por amplia mayoría la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regulará las concesiones acuícolas, luego de formada una Comisión que investigó una serie de denuncias por el mercado paralelo que tramitaba la concesión de las mismas.
El nuevo marco legal pasó sin mayores trámites la discusión por 76 de 77 votos -ya lo había hecho en la Comisión respectiva- y ahora pasará a segundo trámite en el Senado.
La iniciativa se enmarca en la Política Nacional de Acuicultura dictada el año 2003 cuando también se creó la Comisión Nacional de Acuicultura donde están representados el sector público y privado y cuyo objetivo es propiciar el análisis y discusión acerca de las acciones que se deben adoptar para "promover el máximo crecimiento económico de la acuicultura chilena en el tiempo, en un marco de sustentabilidad ambiental y equidad en el acceso a la actividad". En efecto, el diputado Carlos Recondo -parlamentario informante- citó que la iniciativa es de beneficio y mucha relevancia para los trabajadores que utilizan el mar como su principal fuente de ingresos.
"Este proyecto resuelve inequidades vinculadas al pago de la patente única de acuicultura y elimina inconsistencias de la Ley General de Pesca, referidas a la caducidad y autorizaciones para la actividad acuícola", dijo.
Sin embargo, la Fundación Océana, no se mostró tan convencida, considerando que no se terminará con el "mercado especulativo paralelo", que a estas alturas ha producido ganancias del orden de los 4 millones de dólares, a quienes se dedican a este negocio.
Para Marcel Claude, director de la ONG, si bien esto constituye un avance, en el sentido de poner trabas a la especulación del recurso agua, "este proyecto, tal como está planteado, sigue sin reconocer la apropiación de la renta asociada al recurso hídrico por parte de la industria salmonera. Esto es así ya que aunque se cobrará por algunos permisos, existirán otros que se seguirán aprobando de manera gratuita".
"Por otro lado, aquellas concesiones con pago amplían los derechos de los acuicultores. De hecho aún es posible transferir las concesiones, obtener la restitución del 50% del pago inicial y ampliar hasta 4 años el plazo de entrada de operaciones de la concesión. Esto último beneficiará fundamentalmente a los grandes salmoneros, ya que sólo tendrán acceso a este mecanismo quienes puedan operar tres años en niveles mínimos fijados por la autoridad o acreditar calidad de acuicultor habitual. Para conseguir esa calificación, tiene que ser titular de dos o más concesiones o autorizaciones que hayan operado a lo menos 3 años consecutivos", dijo.
Materias
- Crea dos regímenes de acceso a la actividad cuyo objetivo es disminuir la especulación: un régimen con pago de tramitación y otro sin pago. En ambos casos se somete la transferencia a la necesidad de operar previamente la concesión. La diferencia radica, fundamentalmente, en la posibilidad de ampliar el plazo de inicio de operaciones y en el tiempo de espera para transferir.
- En materia de patentes el objetivo es hacerla más equitativa, y con este fin se proponen dos rebajas: a los cultivos extensivos, se les elimina la exigencia de pagar el doble por cada hectárea que exceda de las primeras cincuenta. Asimismo, para los pequeños acuicultores (concesiones de menos de una hectárea) que por una fracción de hectárea deben pagar lo mismo que por una hectárea, se establece el pago proporcional. Esta medida favorece, especialmente, a cerca de 400 cultivadores artesanales de la zona sur del país.
- En materia de caducidades, se declara la vigencia de todas las concesiones que hayan operado dentro de los últimos cuatro años y, en el caso de adeudar patentes, se les da un plazo para pagarla o para celebrar un convenio de pago.
- Ampliación del plazo de paralización de actividades del centro de cultivo, siempre que haya operado, haciendo de este modo coherente el sistema con la normativa ambiental.
- Creación de una exención de patente en caso de catástrofes naturales que impiden operar.
- Inscripción automática de las concesiones en el registro nacional de acuicultura.
- Eliminación de la autorización de acuicultura para centros de cultivos en terrenos privados dejándolos sometidos al registro nacional de acuicultura y previa evaluación ambiental.
- Creación de una infracción por la entrega de información falsa respecto de la operación del centro de cultivo. - Regulación de los viveros y centros de matanza para someterlos a normativa ambiental y sanitaria.
Fuente: El Llanquihue
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