El operador del puerto ecuatoriano de Guayaquil, Contecon, subsidiario de International Container Terminal Services Inc, (ICTSI) calificó como ilegal e inconstitucional la contratación directa de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), a DP World o cualquiera de sus subsidiarias.
La declaración realizada va en respuesta al decreto N° 1060 emitido por el Presidente Rafael Correa, mediante el cual autorizó de manera excepcional que la construcción de un puerto de aguas profundas en Posorja, un nuevo canal de acceso y una carretera corra por cuenta de DP World (DPW).
Contecon avaló su postura citando el artículo 316 y artículo 100 del Código Orgánico de la Producción y el Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios Públicos de Transporte, que indican que el Estado sólo de forma excepcional podrá delegar a la iniciativa privada la posibilidad de prestar servicios públicos como fachadas portuarias, la que “por regla general, deberá hacerlo mediante un concurso público”.
Los artículos citados señalan además que el Estado “solamente podrá contratar directamente, sin concurso público, con empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional”.
Contecon, en relación con lo anterior, indicó que DPW ni DP World Limited ni Dubai Wortd Corp “son empresas que puedan ser catalogadas en Ecuador como empresas de propiedad estatal para poder contratar directamente con el Estado”. Además, indican que DPW “presentó una propuesta al Estado, como iniciativa privada, lo que reafirma que el proceso deba realizarse por concurso público”.
Es por ello explica Contecon que, ante esta situación, DPW presenta a DPWIBV de Holanda, domiciliada en Rotterdam, como propiedad del Gobierno de Dubái, “según lo declara en la inaceptable propuesta que esa empresa presentó al Gobierno el pasado 29 de enero de 2016, para ‘encajar’ así en la contratación directa, obviando el concurso público que exige la ley”.
Al respecto Contecon indicó que ya “ha iniciado las acciones legales del caso ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado”, pese a la negativa de APG “de proporcionar oficialmente documentos, acuerdos técnicos y demás documentación pública, argumentando que se trata de información ‘estratégica’”.
El operador de Guayaquil expone que el contrato de concesión entre APG y Contecon, “prevé la construcción de un puerto de aguas profundas dentro de su jurisdicción, como ampliación de las instalaciones del Puerto de Guayaquil”, para lo cual, la APG “podrá llevar a cabo un concurso de licitación para la construcción, desarrollo y explotación de dicha Terminal Oceánica”. Sin embargo- agrega-, “APG y el Gobierno no lo ha llevado a cabo” y por el contrario, ambos “se encuentran promoviendo una contratación directa, que además está en franca contraposición con el espíritu de nuestro contrato de concesión”.
Dragados en deuda
Por si fuera poco -señala el concesionario- se le pretende otorgar además a DPW la concesión para que construya también un nuevo canal “olvidando el Estado que Guayaquil cuenta con su actual canal de acceso que ni siquiera ha sido dragado por APG a los niveles adecuados de al menos 9,60 como lo revelarían las batimetrías”.
Adicionalmente acusó el Gobierno de Ecuador de terminar el fideicomiso mercantil constituido por APG, donde la entidad mantenía los fondos pagados por Contecon “precisamente para tener recursos para el dragado del canal”. Además indica que “la Subsecretaría de Puertos, el 2 de marzo de 2011, confirmó que dragaría el canal de acceso a 11 metros, con los mencionados fondos, lo cual no se realizó”.
Contecon señala además que, mediante la reciente Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, se incluyó a última hora una “transitoria” por la que se otorgan beneficios fiscales para Incentivos de Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, lo que es considerado por el concesionario como “un beneficio exclusivo para DPWIBV”, hecho que equivaldría a “un trato fiscal discriminatorio y constituye una ayuda pública que distorsiona totalmente la competencia portuaria en el Ecuador”, lo que se sumaría a “las bajísimas contraprestaciones por el servicio público portuario que DPWIBV ha propuesto pagarte irrisoriamente al Estado ecuatoriano a cambio del servicio público portuario”.
Finalmente Contecon recalcó que la contratación directa entre APG y DPW, además de ser ilegal y/o inconstitucional “violaría el contrato de concesión suscrito entre APG y Contecon Guayaquil”.
Por MundoMarítimo
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