La futura licitación del Puerto de Coquimbo sigue generando diversas reacciones entre las partes involucradas. Es así como el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria de Coquimbo, que se opone a este proceso, decidió recurrir a la justicia e interpuso a fines de mayo un recurso de reclamación ante la Corte Suprema para revertir la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de dar el vamos a la privatización del terminal portuario. 

La medida legal, que fue presentada por el abogado Jorge Peña, Asesor de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fenatraporchi), establece que la aprobación de la licitación conllevaría a la formación de un monopolio – haciendo alusión a la condición fijada por el TDLC para que este puerto comience a funcionar bajo un esquema monooperador – que afectaría gravemente el mercado portuario nacional y en particular a toda la cadena exportadora e importadora de la IV Región que utiliza sus servicios.

El Vicepresidente de Fenatraporchi, Patricio Contreras, quien además es Presidente del Sindicato de Trabajadores del Puerto de Coquimbo, aseguró que tuvieron que llegar a instancias judiciales debido a que las aprensiones que mantienen frente a la licitación no fueron atendidas por el TDLC. El dirigente señaló que la Fenatraporchi ha respaldado al Sindicato en esta acción, que refleja el rechazo de ambas organizaciones “al modelo de licitación propuesta por el SEP, y proponemos como alternativa la inversión estatal de desarrollo para este puerto”.
 
Respecto a la posición del directorio de EPCO sobre este recurso de reclamación, Contreras reveló que en la última sesión realizada el 29 de mayo, informó a los ejecutivos acerca de la presentación de esta medida, “ante lo cual el directorio acordó no tomar ninguna decisión mientras no se pronuncie la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

El 14 de mayo pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a solicitud de la Empresa Portuaria de Coquimbo, emitió finalmente un informe de 43 páginas donde se pronuncia respecto a la posibilidad de entregarle a un privado las operaciones de este terminal portuario, lo que constituye una obligación legal para seguir adelante con el proceso de concesión. El documento fija las condiciones para la licitación de su único frente de atraque bajo un esquema mono-operador.

Además, establece el deber de EPCO de utilizar como criterio de adjudicación el menor índice promedio de tarifas por los servicios básicos y los criterios para la determinación del monto de los pagos que deba efectuar el concesionario a la empresa portuaria. Ordena incluir resguardos al ejercicio de poder de mercado en la provisión de servicios portuarios y acepta la propuesta de la empresa de incorporar las reglas de integración vertical y horizontal del Dictamen 1045, permitiendo que el concesionario también pueda iniciar un procedimiento no contencioso para modificar tales reglas en el futuro con el consentimiento de EPCO. 

Según el dirigente portuario, el informe del organismo “reafirma lo que venimos denunciando desde hace varios años a la fecha, que se continúa incrementando un monopolio en el negocio portuario chileno, donde los afectados serán las empresas regionales y también los consumidores”. Por su parte, el directorio de EPCO valora que el fallo del TDLC haya acogido gran parte de los fundamentos de la petición hecha por la empresa a este tribunal y considera que con esto se da paso a la transformación y modernización del Puerto de Coquimbo.  

La Fenatraporchi ha manifestado en reiteradas oportunidades su rechazo frente a esta concesión, ya que a su juicio, la medida provocaría graves daños al patrimonio y economía no sólo de la comuna, sino que también, de la región. El Vicepresidente de la agrupación manifiesta que este modelo “es lesivo para los intereses regionales, pues entregar el único frente estatal regional automáticamente generaría una concentración monopólica que implicaría sacar del sistema a todas las pequeñas empresas regionales Por lo tanto, esta licitación es nociva no sólo para el desarrollo de la ciudad puerto de Coquimbo, sino para la región en general”. Además, señala que en este objetivo son apoyados por parlamentarios y autoridades, así como por dirigentes sociales y económicos de la comuna porteña. 
 
Contreras considera que el Estado debería hacerse cargo e invertir en este puerto y no un privado a través de la concesión. “Es el Estado quien debe potenciar sus empresas, las lecciones de la presente crisis económica indican, a nuestro juicio, que es más prudente permitir al Estado conservar participación en los mercados, más allá de la mera regularización económica, que en muchas ocasiones se ha mostrado insuficiente”.

Al mismo tiempo, el dirigente cree que situaciones como ésta podrían resolverse de mejor forma si se hubiera generado una Ley General de Puertos, que involucre a todos los puertos existentes en la actualidad, tanto públicos como privados. “Fenatraporchi manifestó desde antes que se promulgara la ley 19.542 que la modernización portuaria debía involucrar a todos los puertos del país, ya sea estatales y privados, y se acordó con el gobierno de esa época que luego de promulgada esta ley se enviaría un proyecto para generar una Ley General de Puertos, compromiso que no se ha cumplido, como tampoco se ha realizado un análisis serio de los impactos sociales producto de las licitaciones portuarias”.

La concesión del Puerto de Coquimbo, contemplada por un período de 30 años, implicaría una inversión de alrededor de 14 millones de dólares, que permitiría renovar los frentes de atraque y modernizar la infraestructura de este recinto portuario, cuyas instalaciones actualmente en sus dos sitios pueden atender naves de menos de 189 metros de eslora y de hasta 10 metros de calado.

Por MundoMaritimo